Hace cinco años, la mayoría de los candidatos presidenciales que se pararon en ese mismo escenario estaba de acuerdo en que se debía modificar o eliminar la Autoridad Panameña de Seguridad de Alimentos (Aupsa).
La Aupsa fue eliminada por quién ganó aquella elección de 2019: el hoy presidente Laurentino Cortizo.
Ahora, la mayoría de los aspirantes a reemplazar a Cortizo tiene un objetivo común: renegociar el Tratado de Promoción Comercial (TPC) con Estados Unidos, que vence el próximo año. De no renegociar este convenio que regula la importación (para algunos, desmesurada) de alimentos, el bienestar de los productores y consumidores peligra.
Ese fue uno de los ejes comunes en el debate organizado la noche de este miércoles en el Centro Post Cosecha, en Volcán, Chiriquí, por la Asociación de la Comunidad Productora de Tierras Altas, con seis de los ocho candidatos a la Presidencia de la República.
Rómulo Roux, candidato por el la alianza de los partidos Cambio Democrático y Panameñista, abogó por una revisión del acuerdo comercial: “En el 2025, nosotros vamos a tener la oportunidad de una revisión. Estamos comprometidos a exigir que tengamos la oportunidad de renegociar la desgravación de los productos sensibles que van a acabar con el productor panameño”.
En esta misma línea se expresaron Melitón Arrocha y Zulay Rodríguez, ambos candidatos por la libre postulación; Ricardo Lombana, candidato por el Movimiento Otro Camino (Moca), y Martín Torrijos, postulado por el Partido Popular
Quien guardó silencio sobre el TPC fue José Gabriel Gaby Carrizo, candidato por la alianza oficialista entre el Partido Revolucionario Democrático (PRD) y el Molirena, quien lanzó varios dardos a aquellos candidatos que afirmaron que durante el actual gobierno se han importado alimentos durante el tiempo de cosecha.
Roux y Lombana dijeron que esto no siempre se ha cumplido en el gobierno de Cortizo, en el cual Carrizo funge como vicepresidente.
“Señor vicepresidente, pregúntele a los cebolleros si no se ha importado en tiempo de cosecha”, dijo Lombana.
Carrizo replicó. “Quiero aprovechar también para darle algo de docencia a Lombana... Cuando existía la Aupsa, aquí se importaba a dos manos y los cebolleros de Tierras Altas tenían que botar la cebolla. Hoy, Ricardo Lombana, te comento que se respeta la cadena agroalimentaria. A lo mejor tu no sabes qué es eso”, enfatizó.
A Rodríguez le preguntaron cómo resolvería un eventual cierre de vías, como ocurrió en octubre y noviembre de 2023, en medio de las protestas por el contrato pactado entre el Estado panameño y Minera Panamá, S.A.
En aquella ocasión, la provincia de Chiriquí estuvo incomunicada por las protestas callejeras contra el contrato de la mina de Donoso, Colón.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá calculó que los cierres de calles, a raíz de la aprobación del contrato minero entre el Estado y Minera Panamá, provocaron pérdidas de entre $60 millones y $90 millones cada día.
A pesar de las pérdidas millonarias, Rodríguez defendió los cierres y dijo que estos no hubieran llegado a tal magnitud si antes el gobierno de Cortizo hubiese dado la cara. “Es lamentable todo lo que pasó, pero aquí había un bien superior que era luchar contra esa minera nefasta… Aquí lastimosamente el gobierno no dio la cara porque si hubiera dado la cara a tiempo esto no pasa”, dijo Rodríguez. “Tenían que ir personalmente a hablar con los manifestantes”.
