Arturo Vallarino es “asesor II” de la Asamblea y padre del diputado Ariel Vallarino. Gana $3,500 al mes.
Benisio Robinson, hijo y suplente del diputado Benicio Robinson, está nombrado como “asistente administrativo II” en la planilla legislativa, con un salario de $4,800.
Los hijos de Alaín Cedeño Herrera y Sergio Gálvez también son diputados suplentes y, además, están nombrados en la Asamblea: Alain Cedeño Navarro es “asesor II” y Mercedes Gálvez es “asistente técnica parlamentaria”. El primero gana $5,000 y la segunda, $2,000.
Pero frente a esta situación, la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Antai), que dice haber sancionado a 240 funcionarios de otras instituciones por faltas administrativas y violaciones al Código de Ética (incluyendo casos de nepotismo y conflicto de interés), no ha hecho nada.
Cuando le preguntan a la directora de Antai, Sheila de Arias, por qué no investiga lo que ocurre con la planilla de los diputados, alega que no tiene competencia.
“En temas de Asamblea Legislativa, no tengo competencia”, dijo tajantemente el pasado martes, cuando acudió a la Asamblea Nacional (AN) a sustentar su presupuesto para el año 2027.
Arias citó un fallo de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) del 27 de agosto de 2021, que eliminó una sanción que la Antai había aplicado a la entonces diputada y presidenta de la Asamblea, Yanibel Ábrego, por entregar información inexacta e incompleta sobre la planilla 080, que corresponde al personal adscrito al despacho de los diputados.
Cuando Maytín sancionó a Ábrego
El argumento de la Corte (bajo la ponencia de José Ayú Prado, magistrado en aquella época) en aquel fallo de 2021 era que la Antai no era competente para sancionar a un diputado.
La sanción había sido impuesta por la entonces directora de Antai, Angélica Maytín, que alegó que la Ley 33 de 2013, que creó la Antai, le permitía aplicar multas a los servidores públicos hasta por un monto que no supere el equivalente al 50% de su salario mensual, siempre que se compruebe algún incumplimiento de la Ley 6 de 2002 o Ley de Transparencia.
Antes de proceder con aquella multa, Maytín consultó con Rigoberto González, que era procurador de la Administración en aquel momento. González le respondió que la Antai sí estaba facultada para abrir un proceso a la diputada.
Ábrego fue multada porque aportó información sobre el nombre, apellido, número de posición y de cédula, salario y cargo del personal, pero no informó quiénes eran los diputados que los habían contratado y cuáles eran sus funciones.
Para evadir el pago de la multa, consiguió que Jerry Wilson presentara un amparo de garantías constitucionales, el cual fue concedido por la Corte. De ese modo, se tumbó la sanción de Antai a Ábrego.
“Hasta ahí llegaron mis gestiones. Se le quitó el poquito de diente que tenía la ley que permitió sancionar a todos los servidores públicos, pues parece que ahora a unos sí y a otros no”, reflexiona Maytín, cinco años después.
Lea aquí la nota “Corte Suprema concede amparo y elimina multa a la diputada Yanibel Ábrego”
Arias, la actual directora de Antai, también recordó lo sucedido con la multa de Ábrego, pero, a diferencia de Maytín, ella lo hace con optimismo.
“Todo lo veo en oportunidades, más que en debilidades. Y yo invito a la Asamblea Legislativa a que haga la publicación que corresponde”, señaló.
La Asamblea, ni antes ni ahora, ha divulgado las planillas transitorias en las que está el personal nombrado en los despachos de cada diputado. En abril de 2025, el contralor Anel Flores divulgó parcialmente esa planilla. Desde entonces, no ha sido actualizada.
Pese a ese oscurantismo, Arias sostiene que la AN opera con un “alto nivel de transparencia”.
“La Asamblea no cumple al 100%, pero debo indicar que veo que hay una mejoría… Creo que están al 96%”, señaló.
No y no
El diputado Luis Duke, que escuchaba con asombro las aseveraciones de Arias en la Comisión de Presupuesto, le preguntó si ha investigado casos de nepotismo en la Asamblea.
“La respuesta es la que le di anteriormente. No alcanza mi competencia para Asamblea Legislativa”, e hizo referencia al artículo 32 de la Constitución, que establece que nadie puede ser juzgado salvo por autoridad competente.
De paso, Arias dijo que tampoco se considera competente para escudriñar en los asuntos de otros altos cargos, como el presidente de la República.
“En temas de presidente de la República, no tengo competencia. La competencia para faltas y delitos la tiene la Asamblea. En temas de ministros de Estado, procurador de la Nación, procurador de la Administración, el contralor y magistrados del Tribunal Electoral, la competencia le corresponde al Pleno de la Corte. Y en casos de viceministros, directores de entidades autónomas y semiautónomas, y agentes diplomáticos, le corresponde a la Sala Segunda de la Corte”, recalcó.
El exprocurador González, en tanto, insiste en que Antai sí tiene la responsabilidad de velar por que los funcionarios —sin importar en qué órgano del Estado ejerzan— divulguen la información que es de carácter público.
“La ley de transparencia es bien clara y comienza con un principio fundamental: que toda la información en manos del Estado es de acceso público. Pero, sobre todo, toda la información que tenga que ver con las planillas, en cualquier institución del Estado, tiene que ver con el manejo de fondos públicos. Toda esa información tiene que ser de conocimiento de la ciudadanía”, remarcó a La Prensa.
