El presidente de la República, Martín Torrijos, a quien le faltan poco más de 10 meses para que culmine su período presidencial (2004-2009), empieza a preparar el camino para cuando ya no esté en el Palacio de las Garzas, a partir del 1 de julio de 2009.
Y es que la nueva ley orgánica del Servicio de Protección Institucional (SPI) contempla el aumento de 8 a 12 el número de escoltas asignados a resguardar la seguridad de los ex presidentes. La norma entró en vigencia ayer, martes, tras su aprobación por el Gabinete, que ejerce facultades para legislar por decreto.
El literal c del artículo 1 del nuevo Decreto ley No. 6 de 18 de agosto de 2008, que apareció ayer en Gaceta Oficial, establece, asimismo, que “esta cantidad (de escoltas) se aumentará, dependiendo del núcleo familiar o cuando las circunstancias lo aconsejen”.
La norma, que regulaba al SPI desde julio de 1999 hasta esta última reforma, enumeraba, entre los fines de ese cuerpo armado, “brindar la seguridad necesaria para preservar la vida y la integridad física de los ex presidentes de la República, quienes escogerán hasta ocho miembros de la institución para este fin”.
La medida generó reacciones ayer mismo. Guillermo Endara, primer presidente elegido en las urnas tras la caída del régimen militar, calificó como “exagerado” el número de escoltas que se pretende asignar a los ex mandatarios.
Endara, quien en la actualidad no hace uso de ese derecho, dijo que resulta comprensible que un ex presidente tenga una seguridad limitada en su número hasta un máximo de dos años después de su salida del cargo.
Este diario no pudo obtener comentarios de los ex presidentes Mireya Moscoso (1999-2004) y Ernesto Pérez Balladares (1994-1999). La oficina de prensa de este último, contactada en horas de la tarde, prometió que enviaría sus declaraciones por escrito, pero al cierre de esta edición la información no había llegado.
La nueva ley del SPI fija el piso legal para que un uniformado asuma la dirección de esa entidad.
En tanto, ayer también fue publicado en Gaceta Oficial el Decreto ley que reforma la ley orgánica de la Policía Nacional y abre la posibilidad de que un uniformado dirija esa institución.
Civilistas arrecian en sus críticas
La Red Democracia Ciudadana reaccionó ayer en contra de la decisión del Ejecutivo de aprobar dos de los cincos proyectos de decretos ley en materia de seguridad pública, al tiempo que anunció que continuarán con las medidas de fuerza.
“La decisión del Ejecutivo de aprobar a tambor batiente, a pesar de la oposición de más de 30 gremios cívicos, sindicatos y la sociedad civil organizada, representa una bofetada a la democracia y la gobernabilidad de este país, y a cualquier intención de crear un verdadero estado de derecho”, dice un comunicado al país entregado en una conferencia de prensa.
En la reunión con la prensa, en la que participó Angélica Maytín Justiniani, Miguel A. Bernal y Mauro Zúñiga, entre otros, se dijo que es preocupante que el gobierno haya decidido dar rienda suelta a las pretensiones de quienes hace 20 años ni respetaron la Constitución ni las garantías constitucionales, en cambio fueron subalternos y compinches de quienes hoy cumplen condenas por narcotráfico”. Los civilistas convocaron hoy, a las 5:00 p.m., a una vigilia en la iglesia del Carmen.
