El Departamento de Estado de Estados Unidos anunció este miércoles 5 de marzo una nueva política de restricción de visas dirigida a funcionarios de gobiernos extranjeros que, de manera consciente, faciliten la migración irregular hacia territorio estadounidense.
La medida, del departamento que lidera el secretario de Estado, Marco Rubio, busca frenar el tránsito de personas que intentan ingresar ilegalmente al país, especialmente a través de la frontera suroeste.
De acuerdo con el anuncio, la restricción aplicará a funcionarios de inmigración y aduanas, autoridades aeroportuarias y portuarias, así como a otros servidores públicos que incumplan la aplicación de leyes migratorias o implementen políticas que favorezcan el tránsito de extranjeros sin documentos. Incluso familiares de los afectados podrían quedar sujetos a estas limitaciones.
“Esta nueva política complementará nuestra política 3C existente, ampliada en 2024, que se aplica a actores del sector privado que proporcionan conscientemente transporte y servicios de viaje diseñados principalmente para extranjeros en situación irregular que se dirigen a los Estados Unidos”, se precisa en el comunicado del Departamento de Estado.
Se informa que estas medidas permanecerán vigentes hasta que los gobiernos de los países involucrados adopten acciones para hacer cumplir las leyes y frenar el paso de migrantes sin autorización.
Según las autoridades estadounidenses, la seguridad nacional es una prioridad y no se retrocederá en la aplicación de sanciones contra quienes contribuyan a vulnerarla.
En los últimos años, el flujo migratorio desde el cono sur hacia Norteamérica se incrementó notablemente, teniendo como paso obligatorio a Panamá, por la selva del Darién.
En 2024, el Servicio Nacional de Migración registró el ingreso de 302,203 migrantes irregulares, la mayoría venezolanos, con destino hacia el norte del continente. En 2023, se registró la cifra récord de 520,085 viajeros.
Las autoridades panameñas han informado que en este 2025 la cifra de migrantes que cruzan la selva, procedentes de Colombia, ha bajado significativamente.
En enero de este año, se reportó la entrada de 2,229 personas.
Cabe recordar que Panamá y Costa Rica tienen un acuerdo para transportar de forma segura a estos migrantes, que son llevados por carretera desde Darién hasta un albergue en territorio tico, para que luego sigan su trayecto.
Al mismo tiempo, Panamá y Estados Unidos tienen vigente un acuerdo para la deportación de migrantes irregulares que lleguen a territorio panameño con algún tipo de antecedente penal. Estos vuelos son sufragados por el gobierno estadounidense.
