El presupuesto de 2027, que asciende a $35,111.75 millones, no garantiza por sí solo mejores servicios públicos ni una mayor inversión en las necesidades de la población.
Esa es la advertencia de la diputada de Vamos, Yamireliz Chong, quien tuvo un papel protagónico en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional durante las sustentaciones de las distintas entidades, con cuestionamientos sobre el uso de los fondos públicos, el crecimiento de las planillas y la distribución de los recursos.
Para Chong, integrante de esa comisión, el gasto estatal sigue sin responder a las principales demandas de los panameños. Así lo expresó en una entrevista con La Prensa, en la que señaló que el problema no está únicamente en la cantidad de dinero disponible, sino también en cómo se distribuye y en los resultados que produce.
Entre las necesidades pendientes mencionó el acceso al agua potable, los medicamentos, la atención médica de calidad y la reparación de calles. “No hay austeridad real y no hay un plan de inversión que deje como resultado que esos 35 mil 111 millones de dólares sean en beneficio de la población”, sostuvo.
Rendición de cuentas
La diputada, quien ha protagonizado varios cuestionamientos durante las sesiones presupuestarias de este año, considera que la revisión de las cuentas públicas debe ir más allá de determinar si una partida está bien o mal utilizada.
“No hay austeridad real y no hay un plan de inversión que deje como resultado que esos 35 mil 111 millones de dólares sean en beneficio de la población”.
“Este país necesita más rendición de cuentas”, señaló. A su juicio, los ministros y directores deben explicar qué hacen con cada centavo que administran, porque se trata de dinero de todos los panameños.
Entre los casos que mencionó está el uso de fondos públicos para combustible y vehículos destinados a magistrados. También cuestionó el manejo de los recursos que la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) recibe de empresas concesionarias para financiar proyectos de responsabilidad social empresarial.
Según dijo, no encontró información clara sobre la administración y el uso de esos fondos.
Las interrogantes también alcanzan la forma en que se elaboran los presupuestos institucionales. Chong puso como ejemplo al Instituto Conmemorativo Gorgas de Estudios de la Salud, cuyo presupuesto, según explicó, contemplaba en cero las partidas para electricidad, agua y aseo.
Durante esa revisión, la diputada destacó las necesidades de inversión del Ministerio de Salud, particularmente para mejorar las instalaciones, disponer de ambulancias y ofrecer atención médica de calidad.
Gastos bajo la lupa
Otro de sus cuestionamientos apunta a los gastos que, según considera, no están debidamente justificados en las partidas presupuestarias. Durante la sustentación del Ministerio de la Presidencia, Chong preguntó por $145,000 destinados a una partida vinculada con la Vicepresidencia de la República, pese a que Panamá no cuenta actualmente con un vicepresidente.
La explicación que recibió fue que funcionarios inicialmente adscritos a esa dependencia habían sido reubicados en otras áreas. Sin embargo, la diputada cuestionó que se mantuvieran recursos en una partida que, según su interpretación, ya no correspondía a una necesidad vigente.
Chong también cuestionó el crecimiento de la planilla de la Asamblea Nacional, que, según las cifras que citó, ya ronda los 8,000 funcionarios y representa un gasto mensual superior a los $10 millones.
“No caben 4,000, menos van a caber 6,000 personas en la Asamblea”, afirmó. Añadió que el presupuesto de la institución, que inicialmente era de unos $98 millones, ha aumentado hasta aproximarse a los $200 millones, tras los traslados de partidas y otros ajustes.
Las explicaciones
La diputada de Vamos señaló que la administración legislativa debe explicar dónde están esos funcionarios, a qué despachos pertenecen y qué labores desempeñan. Como referencia, indicó que su despacho tiene menos de 10 personas y una planilla inferior a $20,000 mensuales.
Chong recordó que, según las reglas que mencionó, cada legislador dispone de hasta $20,000 para su planilla y puede tener hasta 20 funcionarios. A su juicio, revisar el cumplimiento de esos parámetros permitiría determinar si el gasto responde a las necesidades reales de la institución.
Las dudas se extienden a los traslados de recursos del Ministerio de Salud hacia la Asamblea Nacional para cubrir compromisos relacionados con el personal. Chong se refirió a una transferencia de $16 millones destinada al pago de la planilla.
La diputada también cuestionó la falta de información sobre las auditorías relacionadas con la planilla legislativa. Según afirmó, no han recibido respuestas de la Contraloría General de la República sobre las revisiones anunciadas, incluida una auditoría correspondiente a 2025.
Ministros complicados
Chong también identificó a algunos ministros con los que considera más difícil obtener respuestas durante las sustentaciones presupuestarias. Mencionó al titular del Ministerio de Obras Públicas (MOP), José Luis Andrade; al ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, por el nivel técnico de sus respuestas; y al canciller, Javier Martínez-Acha, a quien describió como una autoridad que suele mostrarse evasiva.
La diputada señaló que estas dificultades forman parte de los obstáculos que enfrenta la Asamblea al intentar fiscalizar el uso de los recursos públicos.
Al concluir el proceso de vistas presupuestarias, Chong insistió en que el Gobierno debe revisar sus prioridades de gasto. Considera que el dinero público debe responder a las necesidades de una población que todavía enfrenta dificultades para acceder a servicios básicos y atención médica, así como a oportunidades de empleo.
“Tengamos un gobierno más austero. Tengamos un mejor uso de los fondos públicos”, planteó. Para la diputada, la discusión presupuestaria no debe limitarse a aprobar cifras, sino que debe determinar si el dinero se traduce en beneficios concretos para los ciudadanos.
