La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP), que forma parte de la Gran Alianza Nacional por Panamá, que aglutina a por lo menos 150 sectores del sector productivo del país, solicitó a la Arquidiócesis de Panamá comunicar al Gobierno Nacional los requisitos que han definido para su participación en la segunda fase del diálogo.
Esto a propósito de que el próximo jueves 6 de octubre empieza la segunda fase de las conversaciones entre representantes del gobierno de Laurentino Cortizo, las tres alianzas que paralizaron el país en julio pasado, y otros sectores de la sociedad civil, como la clase empresarial. La reunión se llevará a cabo en la Universidad Tecnológica de Panamá, en la ciudad capital. Sin embargo, más adelante regresarán a Penonomé, provincia de Coclé, donde se desarrollaron todas las reuniones de la primera fase del diálogo.
LOS PUNTOS
En la carta enviada a José Domingo Ulloa, arzobispo de Panamá, con fecha del pasado 3 de octubre, la Cámara de Comercio detallan siete requisitos para incorporarse a las conversaciones: cualificación del mediador, definición de reglas claras por parte del mediador, metodología, legitimidad de los actores, definición de temas y objetivos, información necesaria para el diálogo, y respeto a los derechos constitucionales.
El séptimo punto es controversial, pues el sector empresarial plantea que solo participarán del diálogo con los actores sociales si “se garantiza un ambiente de respeto en los espacios de trabajo, así como el derecho de libre tránsito para toda la ciudadanía”. Agregan que “rechazan cualquier acto de presión que altere el orden público y el diálogo democrático”.
En reiteradas ocasiones, durante y después de culminada la primera fase del diálogo, algunas de las alianzas que participaron de las conversaciones manifestaron que podrían organizar nuevos cierres de calles, en protesta al incumplimiento del Gobierno a los acuerdos de la mesa de Penonomé.
La Gran Alianza por Panamá, también ha propuesto que el moderador de la segunda fase del diálogo “sea idóneo y preparado en mediación”, y que el mismo sea aceptado por todas las partes. En cuanto a la metodología, en la carta hacen alusión al marco de la Concertación Nacional para el Desarrollo, cuya organización está contemplada en la Ley 20 de 2008.
Finalmente, piden al Gobierno dotar a todos los actores que se sienten en la mesa “de información verás, oficial y completa” sobre los puntos a discutir para que puedan tomarse decisiones acordes a la realidad que vive el país.
Por su parte, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Doris Zapata, quien participó en representación del Ejecutivo en la primera fase del diálogo en Penonomé, aseguró que se debe definir la metodología y el moderador para poder avanzar con la segunda fase.
“Hemos manifestado que queremos seguir en un proceso de diálogo que permita transformaciones”, dijo Zapata. Sin embargo, recordó que se encuentran “en un proceso de gobernabilidad” y que tienen “responsabilidades” como Gobierno Nacional. “Vamos a seguir con nuestro plan de Gobierno”, dijo.
