El asesinato de Evelyn Lyn Bishop y Desiree Wells, dos ciudadanas estadounidenses cuyos cuerpos fueron encontrados el pasado 14 de noviembre en una finca de El Mamey, en Sortová, distrito de Bugaba, Chiriquí, volvió a poner sobre la mesa la violencia contra las mujeres y las condiciones de vulnerabilidad que pueden enfrentar quienes viven lejos de sus familias.
Bishop, de 62 años, se dedicaba al cultivo de cacao y a la elaboración de chocolates artesanales, mientras que Wells, de 60 años, residía en Costa Rica y había viajado a Panamá para visitarla. La Fiscalía Regional de Chiriquí investiga el doble asesinato como femicidio.
El caso ocurre en un año en que las estadísticas oficiales reflejan un repunte de los femicidios. Entre enero y septiembre de 2026, el Ministerio Público contabilizó 19 víctimas, casi la misma cantidad que durante todo 2025, cuando se registraron 20. En 2024, la cifra había alcanzado las 23 víctimas.
Entre 2021 y septiembre de 2026, las fiscalías registraron 120 víctimas de femicidio, según cifras preliminares del Ministerio Público.
Más allá de las cifras
Para Juana Herrera, exministra de la Mujer, todas las muertes de mujeres deben recibir seguimiento. “No podemos tomar a la ligera que la mató porque ella no buscó ayuda, la mató porque ella estaba metida en malos pasos, la mató por lo que sea”, advierte.

Herrera sostiene que atribuir las muertes a las decisiones o circunstancias personales de las víctimas contribuye a justificar la violencia. A su juicio, el Estado debe reforzar las campañas de sensibilización y garantizar que las mujeres conozcan dónde buscar ayuda cuando enfrentan situaciones de maltrato.
También plantea que los sistemas de salud, educación y atención a las mujeres deben estar preparados para identificar los casos de violencia sistemática, incluso cuando esta se prolonga durante años.
“No podemos tomar a la ligera que la mató porque ella no buscó ayuda, la mató porque ella estaba metida en malos pasos, la mató por lo que sea”, advierte.
La normalización
La especialista en género Deika Nieto, integrante de Espacio Encuentro de Mujeres, advierte que uno de los mayores riesgos es que la violencia se haya incorporado a la cotidianidad.
“Yo creo que se ha naturalizado”, señala. A su juicio, los femicidios y los episodios de maltrato se repiten con tanta frecuencia que la sociedad ya no reacciona con la misma contundencia que antes. Esa pérdida de capacidad de asombro también debilita la respuesta colectiva frente a estos hechos.

La vulnerabilidad de algunas mujeres también requiere atención, especialmente cuando viven solas, carecen de familiares que las acompañen o no cuentan con redes de apoyo. Nieto señala que la protección no debe depender de la nacionalidad y que las mujeres extranjeras pueden enfrentar mayores riesgos cuando son percibidas como personas vulnerables o sin respaldo.
“La importancia de fortalecer las redes de cuidado de todas las personas, independientemente de la nacionalidad”, plantea.
En ese escenario, la especialista considera que la responsabilidad de proteger no puede recaer exclusivamente en las instituciones públicas. Aunque reconoce que el Estado tiene obligaciones cuando existen personas abandonadas o sin atención, también destaca el papel de las comunidades, los vecinos y las redes familiares.
“La importancia de fortalecer las redes de cuidado de todas las personas, independientemente de la nacionalidad”.
“Todos nos tenemos que cuidar”, resume. Se trata, explica, de construir mecanismos de apoyo que permitan identificar situaciones de necesidad y actuar incluso en aquellos lugares donde la presencia estatal es limitada.
Sistema de Cuidados
Una herramienta para avanzar en esa dirección es el Sistema Nacional de Cuidados, establecido mediante la Ley 431 de 2024. La legislación plantea una política de cuidados con responsabilidades institucionales y mecanismos de coordinación.
Nieto considera que su reglamentación y puesta en marcha son necesarias para que la protección no dependa únicamente de respuestas posteriores a una tragedia, sino que permita atender condiciones de abandono y vulnerabilidad antes de que se conviertan en situaciones de mayor riesgo.
Por su parte, Herrera considera que el aumento de los femicidios y las tentativas demuestra que no basta con reaccionar cuando una mujer pierde la vida. Se requiere inversión en prevención, campañas sostenidas y servicios capaces de detectar señales de violencia.
También considera necesario que las autoridades mantengan el seguimiento de los casos y eviten que las muertes queden reducidas a cifras sin explicación sobre sus circunstancias.
Mientras las investigaciones avanzan en Bugaba, la advertencia de las especialistas apunta más allá de ese doble crimen: el desafío es evitar que la muerte violenta de una mujer termine convertida en otro episodio al que la sociedad se acostumbre.



