La discusión en primer debate del proyecto de reformas electorales comenzó este miércoles 16 de septiembre con la lectura del documento y la apertura de un corto periodo de participación ciudadana.
Durante casi tres horas, en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional, fueron leídos los 169 artículos que componen la propuesta y hablaron seis ciudadanos, quienes solo pudieron exponer durante cinco minutos.
Los diputados que integran la Comisión se limitaron, en esta primera sesión, a escuchar las propuestas que llevaron los asistentes y aprobaron declararse en sesión permanente. A la discusión se sumaron los magistrados del Tribunal Electoral, Narciso Arellano y Luis Guerra. No asistió Alfredo Juncá.
Fue Arellano, magistrado del TE, el encargado de sustentar el proyecto, previo al periodo de participación ciudadana. Dijo que se requiere actualizar y fortalecer el Código Electoral.
“Las reglas que determinen quiénes pueden participar, cómo organizar las candidaturas, de qué manera se financian las campañas, cómo se contabilizan los votos y cómo se resuelven las controversias electorales deben responder a criterios de igualdad, transparencia, seguridad jurídica y proporcionalidad”, dijo.
Elia López de Tulipano, de la Alianza de Mujeres de Panamá, fue una de las que se presentó. Propuso que se establezca la paridad en las nóminas para los cargos de presidente, diputado, alcalde y representante de corregimiento.
Dijo que también piden la incorporación de un acuerdo de “no violencia política digital” y que se limite la cantidad de cargos a los que se puede postular.
“Si nada más puedes ocupar un cargo, ¿por qué postularse por dos, tres o cuatro? Nosotros creemos que hay una incongruencia en la norma, por eso manifestamos que debe ser un solo cargo”, dijo.
Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, se refirió a uno de los temas sensitivos: el financiamiento público y los topes en donaciones privadas que pueden recibir los candidatos en campaña.
En la actualidad, el Código establece que el financiamiento público equivale al 1% de los ingresos corrientes del Estado. Ese porcentaje, dijo de Obaldía, en 1999 representaba unos $15 millones. En la elección de 2024 representó $109 millones. Y la proyección para la elección de 2029 es de casi $157 millones.
Por eso, propuso que se baje a 0.50%. Ese porcentaje representaría unos $80 millones en financiamiento político.
También propuso reducir el tope de donaciones privadas que pueden recibir los candidatos. Un aspirante al cargo de presidente de la República puede recibir hasta $10 millones.
“Encontramos un vacío en la norma con relación a las donaciones privadas que se recogen. Cuando no se gastan en la campaña, ¿qué pasa con ese diferencial?”, se preguntó.
Otra que participó en esta etapa de consultas fue Alma Cortés, primera subsecretaria del oficialista Realizando Metas (RM). Dirigió su propuesta hacia los magistrados del TE.
Dijo que se debe regular la potestad reglamentaria que tienen los magistrados. Si bien es cierto, añadió, la Constitución establece entre sus funciones la facultad privativa de interpretar la ley electoral y reglamentarla, también establece “el debido proceso”.
“Y lo traigo a colación por el tema que sufrimos en la elección anterior, que salían decretos como pan de panadería”, aseguró Cortés.
Recordó que, en pleno proceso electoral, “nos modificaban las reglas del juego”, con el argumento de que estaban reglamentando el “famoso decretón” que convoca a las elecciones.
“Eso no puede ocurrir nunca más. Por eso nosotros estamos solicitando que en nuestro Código Electoral haya una reforma que establezca el respeto al debido proceso”, indicó. Propuso que, después de que se dicte el “decretón” que convoca a las elecciones y hasta su cierre, no haya reglamentación alguna.
También propuso a los diputados que se excluya del proyecto de reforma electoral —propuesto por el TE— el artículo que elimina la Comisión Nacional de Reformas Electorales (CNRE). Cortés presentó a RM en ese foro.
“Nos sentaron casi nueve meses, 35 sesiones, donde aquí todos los que estamos presentes trabajamos en unas reformas electorales que, desafortunadamente y con el debido respeto, señores magistrados, no fue tomado nada en cuenta”, se quejó.
En el proyecto, los magistrados del TE proponen eliminar la CNRE y se reconozca al Foro Ciudadano como espacio de participación y consulta en materia electoral.
Cortés también pidió modificar el artículo referente a la fiscalización de los partidos. Dijo que solo una entidad debe realizar la revisión.
“O nos fiscaliza la Contraloría o nos fiscaliza el Tribunal Electoral, porque los partidos políticos y todos estamos sometidos a una doble fiscalización. Y nos tienen haciendo informes todos los meses”, agregó.
En este periodo también hablaron el profesor Julio César Pérez, quien se refirió a la prohibición de la reelección de los diputados; el ciudadano Juan De Dios Caballero, quien pidió que se mantuviera el porcentaje para inscribir un partido; y la estudiante Esperanza Rodríguez, quien habló sobre la desventaja de los aspirantes a la libre postulación frente a las organizaciones políticas.
Los diputados de Vamos, Janine Prado y Jorge González, también intervinieron. Entre sus propuestas presentadas fue la reducir el porcentaje del financiamiento público.
Antes de decretar un receso hasta el próximo miércoles para continuar con el primer debate, Benicio Robinson, presidente de la Comisión, informó que concluyó el periodo de participación ciudadana.
También opinó sobre algunas propuestas presentadas este miércoles. Dijo, por ejemplo, no estar de acuerdo con que se elimine la CNRE. “Mi postura es que eso no va a caminar”, sostuvo.
