Mediante un comunicado, la Fiscalía General Electoral aclaró que no existe interés alguno en impedir a las autoridades electas, el pasado 5 de mayo de 2024, tomar posesión e iniciar funciones el próximo 1 de julio.

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Dilio Arcia, fiscal electoral, recordó también que a través de sus fiscalías administrativas electorales se pueden emitir opiniones dentro de esos expedientes, los cuales no tiene “carácter vinculante”, y por sí sola no causa estado legal alguno, ya que las decisiones en dichos procesos solo son emitidas por las autoridades jurisdiccionales del Tribunal Electoral (TE).

Las declaraciones del fiscal surgen luego de una publicación en redes sociales que hizo el exvicepresidente de la República, Arturo Vallarino, y padre del diputado electo Ariel Vallarino, una de las apuestas de Realizando Metas (RM) para presidir la junta directiva de la Asamblea Nacional.

Vallarino señaló ayer martes 18 de junio en su cuenta de X (antes Twitter) que el fiscal electoral había solicitado, con base en una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, que todos los candidatos electos en el circuito 8-2 quedaran incluidos en la impugnación presentada por la diputada Zulay Rodríguez.

“Ninguna proclamación sería publicada en el boletín [del Tribunal Electoral] y no podrían estar habilitados como diputados el 1 de julio”, afirmó Vallarino, aunque horas más tarde los comentarios fueron eliminados.