La Fiscalía General Electoral (FGE) envió una circular, el pasado 13 de diciembre, a diversas entidades públicas donde advierte que está prohibida la utilización de bienes y recursos del Estado para fines políticos.
La circular surge a raíz de actos, ampliamente difundidos en redes sociales, que registran la posible comisión de delitos electorales.
“La circular, para efectos de la FGE, es de suma importancia ya que le estamos diciendo a los ministros, a los directores de entidades autónomas sobre su responsabilidad ante estas situaciones”, dijo este martes 28 de diciembre Luis Guerra, fiscal general electoral suplente.
Guerra dijo que en la misiva se recordó que quien permita la utilización de bienes y recursos estatales con fines políticos será sancionado. Según el artículo 471 del Código Electoral, la sanción contempla una pena de prisión de seis meses a tres años, la suspensión de derechos ciudadanos y la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas.
En esta conferencia, el fiscal general electoral, Dilio Arcia, manifestó que las competencias de ese despacho son “limitadas” en su habilidad para investigar a diputados y otros funcionarios.
La Fiscalia General Electoral realiza conferencia de prensa relacionada a las denuncias por presunta utilización de bienes y recursos del Estados con fines políticos. Video Isaac Ortega. #LaPrensaSecuestrada sigue informando en https://t.co/Jv0CT2FvT1 pic.twitter.com/MouprjAQRt
— La Prensa Panamá (@prensacom) December 28, 2021
El fiscal Arcia indicó que noticias en medios de comunicación o “glosas” no funcionan como pruebas para avanzar con investigaciones.
“Definitivamente esto no debe ocurrir”, expresó también el fiscal general electoral sobre la presencia de diputados en las entregas de bienes y servicios.
SOBRE LA CIRCULAR
La circular No. 2-2021-DS se trata –según lo dicho por Guerra en la conferencia– de un llamado de atención que se hace a los ministros y directores de entidades, principalmente a los ministerios y entidades que se sabe manejan recursos que permiten el acercamiento de los diputados, como el caso del Ifarhu, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Desarrollo Social, Ministerio de Desarrollo Agropecuario y la Autoridad de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Ampyme).
Guerra dijo que específicamente en el tema de la entrega de jamones para esta época de fin de año se le envió una nota al titular de Desarrollo Agropecuario, Augusto Valderrama, pidiendo un informe sobre los mecanismos utilizados para este programa.
Lea también: Gobierno destina $19.8 millones para jamones
“Ampyme también entró en el grupo, sobre todo por el programa Capital Semilla que lo se escucha es que los beneficiados están ligados a un grupo determinado de diputados”, afirmó Guerra.
En septiembre pasado, La Prensa solicitó a la Ampyme la lista de los beneficiarios de Capital Semilla. Un mes después –en octubre pasado– la Antai indicó que la Ampyme “mantiene la obligación de entregar la información de Capital Semilla [a este medio ] y cumplir el Decreto 126″.
Pero Óscar Ramos, quien está al frente de la Ampyme, mantiene su posición de que no puede revelar la información de los beneficiarios de dicha iniciativa –que proporciona fondos no reembolsables de hasta $2 mil y que en esta administración suman $6.2 millones– para emprendedores porque obedece la Ley 81, sobre protección de datos personales.
Lea también: Óscar Ramos asegura que no han recibido nota de Antai sobre programa Capital Semilla
