La Fiscalía General Electoral comunicó que el 15 de julio remitió las piezas procesales relacionadas con las investigaciones en curso sobre el presunto uso político de los fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización a la Fiscalía de Atención Primaria del Primer Distrito Jurisdiccional.
En un comunicado, la Fiscalía Electoral indicó que las diligencias continúan con el objetivo de reunir los elementos necesarios para la eventual judicialización del caso ante los Juzgados Penales Electorales del Tribunal Electoral.
También señaló que los ciudadanos que ostentaban cargos de mando y jurisdicción en la Autoridad Nacional de Descentralización ya no ocupan dichos puestos.
“Con relación a las investigaciones que adelanta la Fiscalía General Electoral sobre el posible uso político de los fondos de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), es importante señalar que estas continúan a fin de establecer los elementos necesarios para su judicialización ante los Juzgados Penales Electorales del Tribunal Electoral”, subraya la nota.
Además, indicaron que están tomando nota de las diferentes declaraciones que guardan relación con el caso, y en su momento se procederá a incorporar cualquier información relevante en las carpetas de investigación que se adelantan en la Institución.
“La Fiscalía General Electoral reitera a la ciudadanía en general su compromiso de garantizar los derechos políticos de la ciudadanía, así como el cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales, a fin de asegurar el Estado de derecho y la democracia en nuestro país”, concluye el comunicado.
Este comunicado surgió luego de que autoridades como el presidente de la República, José Raúl Mulino, y la directora de la AND, Roxana Méndez, manifestaran que la descentralización paralela no existirá más.
De hecho, hoy en una entrevista en el noticiero matutino de Telemetro, Méndez dijo que se descubrió la existencia de varias cuentas financieras a través de las cuales se realizan transferencias para fortalecer las capacidades de los municipios y juntas comunales.
Sin embargo, un cuarto programa, identificado como de “interés social,” carecía de la reglamentación y fiscalización que acompañaba a los otros programas.
Este último se conocía como la descentralización paralela, a través de la cual se distribuyeron más de $200 millones a 473 de las 679 juntas comunales del país, fuera del esquema establecido por la ley.
Corregimientos con representantes del Partido Revolucionario Democrático (PRD) se llevaron la mayor parte de estos fondos, que aumentaron en 2022 y 2023, en tiempos de campaña. Esta estructura paralela de reparto de fondos fue patrocinada por el gobierno anterior (2019-2024) y sus diputados.
El escándalo de la descentralización paralela fue dado a conocer por el diario La Prensa, con la investigación de la periodista, Sol Lauría, publicada en 2023.
