A partir de este mes, el país cuenta con dos estados de emergencia decretados por la administración de Laurentino Cortizo. El primero fue decretado el 13 de marzo de 2020 por la pandemia de la Covid-19 y el otro, el jueves 6 de octubre, por las fuertes lluvias que han causado estragos en varias partes del país.
Aunque en diciembre de 2021 el Consejo de Gabinete anunció el término, mediante la resolución 130-21, de la utilización del procedimiento especial de adquisición de bienes (compras directas), de servicios u obras, establecido en la Resolución de Gabinete 11 de 13 de marzo de 2020, por el cual se declaró estado de emergencia por la pandemia de la Covid-19, nueve meses después ha decidido entrar en un segundo estado de emergencia, ahora ambiental.
El estado de emergencia de 2020 se mantiene vigente con las medidas extraordinarias de carácter social y económico, como el Plan Solidario, el Vale Digital y las bolsas de alimentos, adoptadas por el Órgano Ejecutivo a consecuencia de la pandemia y que no fueron abolidas en la resolución 130-21.
El pasado 6 de octubre, mediante la resolución de Gabinete 110, publicada en la Gaceta Oficial del lunes 10 de octubre, se estableció que a partir de la fecha y hasta el 30 de junio de 2023, el gobierno podrá contratar de forma directa hasta por 25 millones de dólares para mitigar desastres ocasionados por las lluvias y “la inminencia de nuevos daños derivados de las condiciones atmosféricas” en las provincias de Panamá, Colón, Chiriquí, Bocas del Toro y las comarcas Guna Yala y Ngäbe Buglé.
El Gabinete basa su decisión, por ejemplo, en que en los meses de junio, julio, agosto y septiembre de este año, las lluvias extremas ocasionaron crecida de los ríos Chico, Chiriagua y Escarrea, que afectaron calles, caminos y viviendas en Alanje (Chiriquí) y pusieron en peligro de colapso el puente sobre el río Escarrea.
La resolución también indica que dicha resolución puede ser modificada por el Consejo de Gabinete, ya sea “para aumentar o disminuir la suma total autorizada para realizar contrataciones especiales, así como para ampliar o reducir el período dentro del cual puedan realizarse las contrataciones”.
Datos oficiales detallan que durante el llamado Procedimiento Especial de Adquisiciones de Emergencia por la pandemia, el Estado destinó $1,471,687,094.95. Sin embargo, una nota de La Prensa, titulada “Claroscuros de los gastos de la pandemia” señala que si se suman todas las compras reportadas bajo ese esquema en la plataforma de contrataciones públicas, el total es de: $1,060,518,582.00. Hay una diferencia que no se ha reportado de $411,168,512.95.
Hablan de opacidad
Aunque los estados de emergencia se establecen en la ley, justamente por sucesos extraordinarios, en los que se requiere celeridad en los procesos de compra para dar respuesta a las afectaciones de la población, los decretados por la actual gestión encuentran rechazo ciudadano, debido a la “opacidad” que señalan existen en el proceso de compras.
Olga de Obaldía, de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, dijo que “la experiencia reciente ha probado que los estados de emergencia en el país son utilizados discrecionalmente con una muy precaria e inexistente rendición de cuentas”.
Añade que todos queremos que la ayuda llegue de forma expedita y pertinente a la región impactada. Pero se pregunta: ¿Cómo verificar que así será, que esta nueva emergencia no será una excusa para contrataciones directas con sobreprecios a “amiguetes” de los que detentan el poder político?
Igual opinión expresó Giulia De Sanctis, del Centro de Iniciativas Democráticas, al señalar que el problema radica en la rendición de cuentas y la transparencia en dichas contrataciones. “La ley no los exime ni de rendir cuentas ni de ser transparentes, pero sin esos elementos, se distorsiona el concepto. Creo que en el tema covid-19 han faltado esos elementos o han sido insuficientes”, puntualizó.
De Sanctis fue una de las abogadas que demandó, en 2020, ante la Corte Suprema de Justicia varios decretos que tuvieron vida a raíz de la resolución que creó el estado de emergencia por la pandemia.
Hay que recordar, sin embargo, que en un fallo del 7 de octubre de 2021 la Corte Suprema de Justicia declaró que la resolución original del estado de emergencia no es inconstitucional.
Por su lado, José Stoute manifestó que los estados de emergencia decretados por el actual gobierno son “innecesarios” e “ineficientes”.
Mencionó como ejemplo el contrato por $10 millones a la empresa Bagatrac para atender los daños en el distrito de Tierras Altas, provincia de Chiriquí, causados en el 2020, área afectada por los coletazos de dos huracanes. Pero resulta, dice, que ahora parte de las obras fueron destruidas por las lluvias causadas por la tormenta “Julia”. Igual, advirtió, ocurrirá con los $25 millones autorizados recientemente. ¿Qué institución evaluó que para la reparación de los daños se requieren 25 millones? ¿No resultará más eficiente y menos costosa la prevención de tales calamidades?, se pregunta Stoute.
Añadió que “todo lleva a pensar que la verdadera calamidad para el país radica en la preocupante opacidad de tales contrataciones de emergencia”.
Mientras que Gabriel Tribaldos, del Movimiento Independiente por Panamá, manifestó que las declaratorias de emergencia producto de la reciente pandemia , de por sí es cuestionable y objeto de profundo análisis, pero a la vez, ha ido de la mano de una pobre y sospechosa rendición de cuentas sobre el manejo de los fondos a lo largo de su también exagerada vigencia.
“La necesidad o no de una declaratoria de emergencia, ahora a consecuencia de la devastación del huracán “Julia”, ¡asusta por lo mismo!“, dijo.
