El Gobierno panameño evalúa decretar un estado de emergencia en la provincia de Bocas del Toro, luego de cuatro semanas de protestas laborales y la decisión de la empresa Chiquita Panamá de dar por terminados los contratos de 4,800 trabajadores, alegando abandono de sus puestos.
La medida fue anunciada este viernes 23 de mayo por el presidente José Raúl Mulino, a través de un comunicado, quien ordenó la conformación de una comisión de alto nivel para atender la crisis social y económica que enfrenta la región, dependiente de la industria bananera.
El estado de emergencia implica restricción de movilidad, como toques de queda o restricciones de tránsito, mayor presencia policial, flexibilidad para contratos administrativos y movilización de recursos estatales por la vía directa.
Este mecanismo se utilizó para la pandemia del Covid-19 en el año 2020.
La comisión de alto nivel estará conformada por el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac; la ministra de Trabajo, Jackelin Muñoz; el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó; el ministro de Desarrollo Agropecuario, Roberto Linares; el ministro de Salud, Fernando Boyd; y la administradora de la Autoridad de Turismo de Panamá, Gloria De León.
El grupo estará encargado de analizar posibles soluciones y recomendar, si es necesario, la declaración del estado de emergencia en la provincia, lo cual se debatirá en la próxima sesión del Consejo de Gabinete, generalmente, convocada los días martes.
El jueves 22 de mayo, después de cuatro semanas de paralización de trabajos en las fincas bananeras, Chiquita decidió despedir a cerca de 5,000 trabajadores por abandono laboral.
Las cartas de liquidación serían entregadas desde la mañana de este viernes, pero hasta las 10:00 a.m. solo habían asistido tres personas en búsqueda de sus cheques a las oficinas ubicadas en Changuinola.
Los dirigentes del Sindicato de Trabajadores de la Industria Bananera (Sitraibana) no se han pronunciado luego de la decisión de la empresa.
