El Consejo de Gabinete dio luz verde a una resolución que incrementa el presupuesto destinado a la reparación de infraestructuras públicas afectadas por las intensas lluvias de finales de 2024.
El monto, que pasa de 100 a 160 millones de dólares, se canalizará a través de un fondo especial que, según explicó la vocera presidencial Taysha Nurse, podrá ejecutarse mediante contrataciones excepcionales hasta el 15 de enero de 2025.
La Resolución No. 0325, aprobada este martes, actualiza el marco de emergencia nacional declarado el 14 de noviembre de 2024 tras los severos daños causados por las fuertes lluvias.
Con el incremento de 60 millones de dólares al presupuesto inicial, los ministerios y entidades públicas dispondrán de mayores recursos para adquirir bienes y servicios destinados a mitigar el impacto de los desastres climáticos.
No obstante, la normativa establece que los representantes legales de las instituciones serán responsables directos del manejo de estos fondos, enfrentando posibles sanciones en caso de irregularidades u omisiones en sus funciones.
En noviembre pasado, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, anunció la aprobación de hasta 100 millones de dólares por parte del Consejo de Gabinete para hacer frente a las afectaciones provocadas por los recientes eventos climáticos. Según Orillac, esta suma inicial está diseñada para cubrir las necesidades más inmediatas, aunque advirtió que podría ser insuficiente ante la magnitud de los daños.
“El pronóstico advierte posibles eventos adicionales, por lo que decidimos adoptar un enfoque conservador en el monto aprobado”, explicó el funcionario, subrayando la incertidumbre que rodeaba la situación climática.
El manejo de estos fondos está descentralizado, permitiendo que cada ministerio afectado administre su parte del presupuesto. Orillac señaló, en su momento, que sectores clave como el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) recibirían una porción significativa, dado su papel en la reconstrucción de infraestructuras críticas y el restablecimiento del suministro de agua.
Ambos organismos tienen la responsabilidad de priorizar las áreas más urgentes para garantizar una respuesta efectiva a las comunidades afectadas.
