Amarilis Batista llevó a su hijo de 13 años al centro de salud de Metetí, un pequeño pueblo en la provincia del Darién, en Panamá, con un fuerte dolor en el estómago en junio de 2019. El diagnóstico fue contundente: tenía apendicitis. No había insumos para atenderlo allí, la ambulancia estaba lejos y el hospital más cercano quedaba en Chepo, a casi tres horas por la carretera Panamericana.
Consiguió un carro para transportarlo y empezó la travesía.
Pasaron por Nicanor, una comunidad a 9 kilómetros de su casa. A un costado del asfalto se alzaba entonces una estructura de concreto abandonada. Era el hospital que el Estado le había prometido a los vecinos de esa zona.
Todavía quedaba mucha carretera por delante cuando el apéndice reventó. Apenas llegaron a tiempo para que lo operaran.
Metetí está en la selvática provincia panameña que limita con Colombia y que el mundo conoce por la masiva migración que ocasionó una crisis humanitaria. Su hospital lleva 16 años en construcción.

La obra fue adjudicada en julio de 2010 a IBT Group, una constructora controlada por el grupo español Eurofinsa, que había aterrizado en Panamá un año antes y contaba con antecedentes de incumplimientos y denuncias en otros países. La empresa llegó a Panamá al tiempo que el empresario Ricardo Martinelli asumía la presidencia del país. Había ganado las elecciones con promesas de acabar con las mafias y cambiarle la vida a la gente. Su gestión empezó con un festival de adjudicaciones para renovar los barrios más pobres y megaproyectos que terminarían pariendo algunos de los mayores casos de corrupción de la historia del país.
Su gobierno eligió a IBT Group en una licitación para construir cuatro hospitales por 237 millones de dólares, dos de ellos en zonas que no tenían ni siquiera uno: el Anita Moreno en Los Santos, el Manuel Amador Guerrero en Colón, el de Bugaba en Chiriquí y el de Metetí. El gremio de la construcción denunció el proceso de selección por estar hecho a la medida de la empresa ganadora y, así, excluir a otras compañías. La multinacional coreana Samsung, otra de las participantes, se quejó del proceso. “Vamos a independizarnos de los problemas en el sistema de salud, una independencia de las malas carreteras y de la pobreza”, prometía Martinelli en aquellos tiempos. Los hospitales, dijo entonces, serían inaugurados en un plazo de tres años, pero todavía hoy no están terminados.

Detrás de IBT Group (que controlaba Eurofinsa) estaba Mauricio Toledano, un español que murió en julio de 2026 y que estuvo rodeado de conflictos durante años. Tesorero del Real Madrid entre 1989 y 1994 y miembro del Consejo de Orientación Estratégica del Instituto de Comercio Exterior (ICEX) de España, también patrocinó un think tank del expresidente José María Aznar. En paralelo, IBT logró una expansión significativa en Latinoamérica y un amplio caudal de fondos provenientes de contratos públicos en países como Panamá, donde tres gobiernos de tres partidos distintos sostuvieron a la empresa.
Durante las presidencias de Martinelli, por el partido Cambio Democrático, y Juan Carlos Varela, por el Partido Panameñista, la empresa obtuvo 18 contratos por $534 millones. Solo el de los cuatro hospitales pasó de $237 millones a $418.85 millones por las adendas, un 77% más que el presupuesto original. Después, el gobierno de Laurentino Cortizo, del Partido Revolucionario Democrático, le pagó otros $60.7 millones para que dejara las obras y retirara sus reclamos internacionales.
En todos estos años, Concolón, aliado de esta investigación, no encontró registros públicos ni en el Ministerio Público ni en el Órgano Judicial de una imputación penal contra IBT ni contra los funcionarios que firmaron los contratos y sus correspondientes adendas.
La expansión de la empresa contó con el soporte fundamental del Deutsche Bank, que financió la construcción de estos hospitales panameños. Según documentos internos del banco alemán que forman parte de la investigación Inside Deutsche Bank en la que participaron 56 medios, entre ellos Concolón de Panamá y elDiario.es de España, a partir de la filtración de documentos del banco alemán, el Deutsche Bank facilitó operaciones como compra anticipada de cobros y préstamos para capital de trabajo por más de 1.700 millones de dólares para financiar las obras de Eurofinsa en Panamá y en otras jurisdicciones de alto riesgo en la región, como República Dominicana, y en algunos países de África, según se desprende de la investigación liderada por Barracuda Media y coordinada en América Latina por el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).
¿Cómo funcionaba el financiamiento? A pesar de las múltiples alertas por irregularidades y hasta incluso de las quejas de un presidente de Panamá por la falta de avances en las obras, Deutsche Bank continuaba girando fondos a IBT: le adelantaba dinero a la empresa y luego le cobraba al Estado, aunque el gobierno panameño había expresado públicamente su malestar por la ejecución de los contratos.
Hoy, Martinelli está asilado en Colombia, adonde huyó para esquivar la cárcel tras una condena por blanqueo de capitales; Eurofinsa entró en concurso de acreedores, y en Metetí todavía esperan el hospital que se les prometió.

Eurofinsa en Panamá
IBT Group completó su registro en Panamá en octubre de 2009, tres meses después de la toma de posesión de Martinelli. La compañía había sido registrada antes en Miami para centralizar las operaciones de Eurofinsa en grandes proyectos de infraestructura en la región, en una alianza entre Toledano, con el 66%, y el empresario dominicano José Ramón Brea, que tenía la tercera parte según documentos de la propia empresa.
El 16 de marzo de 2010 se presentó en sociedad con un evento donde exhibió sus nexos con la política criolla: acudieron, entre otros, el entonces viceministro de Economía, Frank De Lima, y el director de contratos del Ministerio de Obras Públicas, Jorge “Churro” Ruiz, quien terminaría en la justicia por otro caso de corrupción, Blue Apple. “Vemos a Panamá como uno de nuestros mayores y más desafiantes proyectos”, anunciaba IBT Group en su página web.
Fuentes de IBT indicaron a esta alianza que, desde 2022, esta compañía no mantiene “vinculación societaria ni de gestión” con Eurofinsa. “IBT Group no formulará declaraciones sobre actuaciones de terceros ni sobre hechos que no correspondan directamente a su ámbito de responsabilidad”.
Cuando llegó a Panamá, la empresa ya arrastraba denuncias por incumplimiento y varios escándalos en República Dominicana. Los medios informaban que el arquitecto que diseñó la Ciudad de la Salud la había denunciado ante la fiscalía por alterar los planos de construcción para conseguir préstamos internacionales con el Estado dominicano como garante, según publicó Diario Libre. El proyecto acumuló sobrecostos y terminó en el abandono. Los reportes mencionaban los vínculos estrechos de Brea, socio de la compañía, con el círculo del expresidente de la isla entre 2004 y 2012, Leonel Fernández. Por cuestiones similares, las autoridades de Islas Vírgenes Británicas le rescindieron en 2010 el contrato del único hospital público en Road Town.
Para ese momento, de acuerdo con los documentos filtrados, Eurofinsa llevaba 10 años de una estrecha relación con el Deutsche Bank. Fue en República Dominicana donde la multinacional española aterrizó con más fuerza, apoyada por el brazo financiero del banco alemán. En apenas año y medio, el gobierno le entregó los contratos para cuatro hospitales, cinco centros de salud y una red nacional de salas de hemodiálisis.

Después de quedarse con las licitaciones, Eurofinsa obtuvo varios millones de dólares extra en las obras de los hospitales en concepto de adendas o extensiones presupuestarias. La empresa las justificó, sobre todo, con metros cuadrados adicionales, que según ella había pedido el Ministerio de Salud. En junio de 2013, cuando los hospitales deberían haber estado ya funcionando, Martinelli visitó la obra del Anita Moreno en Los Santos y mostró su enfado con la compañía de Toledano: “Estoy sorprendido, esto es inaudito (…) llego a ver los avances de la obra y no hay casi nadie trabajando, esta empresa IBT no está haciendo su trabajo y tienen que cumplirle al pueblo, no importa la empresa que sea”, dijo.
Solo un mes después, el responsable del departamento de exportaciones del Deutsche Bank comunicaba internamente una ampliación para el financiamiento de los hospitales de IBT en Panamá. Según los documentos filtrados, el banco amplió en $225 millones el financiamiento a favor de IBT para terminar las obras. Le adelantaba el dinero a la empresa y después le cobraba al Estado panameño. “Otra firma del equipo de Madrid que supondrá una gran fuente de ingresos y que subraya aún más la excelente trayectoria del equipo en Latinoamérica”, celebró el jefe global de comercio exterior del banco alemán. Nada mencionaba sobre las críticas del presidente por los trabajos de IBT.
En abril de 2014, el Ministerio de Salud finalmente rescindió por incumplimiento los contratos de los hospitales de Bugaba y Metetí. A pesar de los retrasos en los proyectos y de las noticias por irregularidades en otras obras en República Dominicana, IBT Group continuaría gozando de buenas relaciones y buenos negocios en Panamá. El sucesor de Martinelli, Juan Carlos Varela, asumió en julio de 2014 y en lugar de sostener la rescisión y enfrentar a IBT en los tribunales, optó por negociar. Su ministro de Salud, Javier Terrientes, dijo que así el Estado se ahorraba “$20 millones en un litigio que íbamos a perder”.
En marzo de 2015, el Gabinete aprobó seguir con los cuatro hospitales por un nuevo total de $397 millones, $160 millones más que el precio original. Su gobierno, además, le adjudicó en los años siguientes al menos otros siete contratos por más de $112 millones.
La renegociación por los hospitales se firmó en febrero de 2016. Con ella, el Estado quedó debiéndole $110 millones al Deutsche Bank, más $8.5 millones en intereses, una deuda que, según lo pactado, asumiría IBT, según una ficha donde el banco registra una operación “discount without recourse” con “un financiamiento original de $237 millones en 2011, con el Ministerio de Finanzas como deudor”. El banco le compraba a IBT los cobros frente al Estado. “De la forma en la que están redactados los contratos, estos son muy ventajosos para IBT y lo mejor era negociar”, justificó entonces el ministro consejero de Salud, Temístocles Díaz.
Los nuevos plazos fijaban la entrega de los cuatro hospitales en 2017. Otra vez, ninguno se cumplió. Consultado para este reportaje sobre las negociaciones con la empresa, los contratos y retrasos, el expresidente Varela prefirió no hacer comentarios.
En abril de 2018, cuatro años después de la llegada de Varela, el equipo de Deutsche Bank España celebró internamente el cierre de otra ampliación del crédito, esta vez por 16 millones de euros, avalada con fondos públicos a través de la aseguradora estatal española CESCE. Sayer, jefe global de comercio exterior del banco alemán, ponía el foco en los beneficios: “Enhorabuena a todos por el gran trabajo realizado, y os agradecemos mucho también el esfuerzo adicional para conseguir ingresos extra durante el primer trimestre”, indicaba en los documentos de Inside Deutsche Bank.
Cuando Laurentino Cortizo asumió la presidencia de la República en julio de 2019, IBT ya no construía nada en Panamá, pero llevó al Estado ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) por una supuesta conspiración de los gobiernos panameños y un “patrón de boicot, acoso y hostigamiento” contra la empresa.
Entonces, después de reiterados incumplimientos en Panamá, el banco activó una alerta. “Recomendamos realizar más investigaciones sobre […] el rol de la compañía en los casos investigados por corrupción en España y […] una descripción detallada de sus actividades en países de alto riesgo con importantes escándalos de corrupción, como en Sudamérica y África”, indicó un informe de la unidad de inteligencia del Deutsche Bank sobre Eurofinsa, fechado en diciembre de 2019.
Ahora sí, el documento detallaba, una por una, todas las señales de alerta —red flags— que disparaban el riesgo de la compañía para el banco: fraude fiscal, implicación en casos de sobornos y corrupción, vínculos con el poder político, estructuras opacas o uso de sociedades instrumentales. Esos hechos no habían impedido a la entidad alemana financiar durante más de 20 años las operaciones de la compañía en países que consideraba de alto riesgo como Panamá y República Dominicana, entre otras.

Esta alianza periodística consultó al Deutsche Bank sobre el financiamiento a Eurofinsa pese a las alertas de corrupción y sobre los controles de su equipo en España. Un portavoz respondió por escrito que el banco no comenta sus relaciones con clientes y rechazó “la premisa” de que esa unidad priorizara “sistemáticamente los intereses comerciales por encima de los controles de riesgo”. Agregó que sus clientes suelen ser los gobiernos u organismos públicos cuyos contratos se financian, y que el hecho de que un asunto sea revisado o investigado internamente “no debe interpretarse por sí solo como prueba” de una conducta indebida. “El Deutsche Bank no tolera ninguna forma de soborno ni corrupción”, aseguró.
El precio final
A pesar de los conflictos con el Estado, IBT volvió a tocar la puerta cuando llegó el presidente José Raúl Mulino. En esta ocasión no buscaba nuevos contratos, sino otra indemnización. El 3 de septiembre de 2024 llegó al Consejo de Gabinete el borrador de un acuerdo para pagarle $28 millones por Techos de Esperanza, el programa de vivienda social del gobierno de Varela. El presidente preguntó si alguien recordaba “quién es IBT”, según publicó La Prensa. El reclamo sigue pendiente.
El Estado, mientras tanto, sigue pagando para terminar las obras que la empresa dejó inconclusas.
De los cuatro hospitales, sólo el de Los Santos llegó a funcionar mientras estuvo en manos de IBT. Varela lo inauguró en 2019, pero cerca del 40% quedó pendiente y hoy está terminando la obra otra empresa. Los otros tres: Colón, Bugaba y Metetí, quedaron en manos de otras constructoras.
Mulino inauguró los dos primeros. El Manuel Amador Guerrero de Colón, entregado el 25 de junio de 2025 y operado por la Caja de Seguro Social (CSS), superó los $412 millones de costo, frente a los $110.5 millones adjudicados inicialmente; la obra también creció —con el aval del Estado— mientras estuvo en manos de IBT, de 39.720 a 51.415 metros cuadrados. El de Bugaba, inaugurado el 27 de noviembre de 2025, costó $101.8 millones, según la última adenda registrada en Panamá Compra, más del triple del presupuesto original ($30.6 millones). “Aquí tienen su hospital”, dijo Mulino. Al día siguiente, Martinelli, en cuyo gobierno se licitó la obra, comentó que había costado “70 millones más”. Y añadió: “Sería bueno investigar”.
El de Metetí tenía 75% de avance cuando el presidente recorrió sus pasillos, en mayo de 2026. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, recordó cómo encontraron la obra: “Los cuartos estaban llenos de maleza, árboles, murciélagos… Todo muy deteriorado”. Solo recuperar la obra costará $139 millones, según el Minsa. Su entrega se prevé para inicios de 2027.
Pero en Metetí no saben de adendas ni de arbitrajes. La gente espera algo elemental: que enfermarse no signifique emprender un viaje contra el reloj; que una ambulancia no sea la única esperanza.
* Inside Deutsche Bank es una investigación colaborativa y transnacional liderada por Barracuda Media y coordinada para América Latina junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP), basada en documentos que dos informantes filtraron a los periodistas Khadija Sharife y Josy Joseph y con 56 medios aliados en 53 países: Der Spiegel, Manager Magazin y Paper Trail Media y ZDF (Alemania); La Nación (Argentina); Crikey (Australia); Der Standard (Austria); Netra (Bangladés); Agência Pública (Brasil); Cenozo (Burkina Faso); Investigative Journalism Bureau (Canadá); Initium (China); CIReN (Chipre); Cuestión Pública y El Armadillo (Colombia); Newstapa/KCIJ (Corea del Sur); Letau.net (Costa de Marfil); Berlingske (Dinamarca); elDiario.es (España); The New York Times (Estados Unidos); Delfi (Estonia); Le Monde (Francia); Tiger Eye (Ghana); No Ficción (Guatemala); Direkt36 (Hungría); Newslaundry, The News Minute y The Wire (India); Tempo (Indonesia); IrpiMedia (Italia); Kyodo News (Japón); Vlast (Kazajistán); Africa Uncensored (Kenia); Daraj (Líbano); Malaysiakini (Malasia); El Universal (México); Myanmar Now (Myanmar); Foundation for Investigative Journalism y Guard Post Nigeria (Nigeria); Follow The Money (Países Bajos); Dawn (Pakistán); Concolón (Panamá); IDL-Reporteros (Perú); Data Desk, Finance Uncovered, Financial Times y Gecko Project (Reino Unido); Investigace.cz (República Checa); iStories (Rusia); Himal (Sri Lanka); Financial Mail (Sudáfrica); Tamedia (Suiza); The Black Sea (Turquía); Slidstvo.Info (Ucrania) y Armando.Info (Venezuela). Revisión legal: El Veinte.



