La Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (Apede) y el Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep) se pronunciaron contra el Acuerdo 407, aprobado por la Corte Suprema de Justicia (CSJ) el 18 de julio de 2024, que permite a los magistrados retirarse con el 100 % de su salario al alcanzar la edad de jubilación.
Ambas organizaciones empresariales coincidieron en que la medida constituye un privilegio injustificado y desconectado de la realidad económica del país.
En su pronunciamiento, Apede calificó el beneficio como “imprudente, inoportuno y éticamente cuestionable”, señalando que no corresponde al momento social y fiscal que atraviesa Panamá. La agrupación recordó que el país enfrenta un elevado desempleo, tensiones fiscales y un déficit que no logra reducirse, mientras miles de panameños luchan por cubrir sus necesidades básicas.
El gremio empresarial advirtió que comunidades como las de Bocas del Toro han sufrido pérdidas masivas de empleo y que, en este contexto, aprobar un beneficio de tal magnitud envía un mensaje preocupante: que el sufrimiento ciudadano no es prioridad para la justicia. “Ningún panameño recibe una jubilación de esta naturaleza”, subrayó Apede.
Fondo especial
La organización también cuestionó que los fondos para cubrir estas pensiones provengan del presupuesto estatal, drenando recursos que —a su juicio— deberían destinarse a fortalecer la administración de justicia, agilizar los procesos y ampliar el acceso al sistema judicial. Además, recordó que, en el mismo periodo, los magistrados se aprobaron un aumento salarial.
Como alternativa, Apede propuso crear un fondo especial de ahorro para la jubilación de los magistrados, financiado con aportes de sus propias remuneraciones y sin impacto sobre las arcas públicas. Considera que esta medida sería más justa y enviaría un mensaje de responsabilidad a la ciudadanía.
El Conep también expresó su rechazo, destacando que el acuerdo no solo beneficia a los magistrados, sino también a otros cargos judiciales que recibirían condiciones similares. “En Panamá no deben existir fueros ni privilegios que favorezcan a un grupo específico de servidores públicos”, afirmó el gremio.
Medida inoportuna
La agrupación señaló que la decisión se toma en un momento de altos niveles de desempleo e informalidad y tras un prolongado periodo de paros que afectaron la paz social y la economía. Destinar recursos públicos a este tipo de beneficios especiales, advirtió, es incongruente con las prioridades nacionales y proyecta una imagen de desconexión con la realidad.
Finalmente, el Conep instó a la Corte Suprema a rectificar y dar un ejemplo de responsabilidad y compromiso con el bien común. “Los intereses individuales jamás pueden estar por encima del bien colectivo”, remarcó la organización.
