La recolección de firmas por parte de los precandidatos independientes, proceso que arrancó el pasado 15 de agosto, no solo se enfrenta a las desventajas plasmadas en las reformas al Código Electoral, sino que además se estrellan con múltiples dificultades en el procedimiento, según los propios aspirantes.
De hecho, aspirantes a diferentes cargos de elección popular por esa vía enviaron una carta a los magistrados del Tribunal Electoral (TE), en la que solicitaron que se modifiquen al menos seis aspectos del Decreto Electoral 29 del 30 de mayo de 2022, que convoca a las elecciones generales.
La carta, fechada el 30 de julio y avalada por precandidatos a diputados y alcaldes del Movimiento Juntos, dice: “la actual reglamentación para la libre postulación crea condiciones que limitan, excluyen, y obstaculizan la participación equitativa de ciudadanos de diversos sectores, quienes en algunos casos han declinado sus aspiraciones, mientras que otros están replanteando su continuidad en el proceso, despejando así el camino a quienes sí pueden costear una candidatura de este tipo; y a miembros de los cuestionados partidos tradicionales”.
Por ello, solicitaron al TE derogar el cobro de $36 anuales por celular para efectos de la recolección de firmas por medio de la aplicación móvil; implementar el libre acceso a libros móviles para firmas de respaldos a candidaturas independientes; y derogar las multas hasta de $2 mil a ciudadanos que firmen a más de una candidatura. “En su lugar, sugerimos mayor divulgación y docencia”, aseguran.
A la fecha, los magistrados del TE no han respondido.
Las quejas, incluso, llegaron hasta la Fiscalía Electoral. El miércoles 24 de agosto, el aspirante a la Presidencia Francisco Carreira presentó una denuncia ante ese despacho por supuestas irregularidades en la dinámica de la recolección de firmas. Denunció que una persona presentó la petición para apoyarlo a él, pero la confirmación que se le dio desde el TE es que le había dado su apoyo a otro candidato.
“Si los funcionarios del TE tienen la capacidad de cambiar la decisión de una persona y ellos pueden sustituir el nombre por otro, nosotros estamos ante un gran fraude”, dijo.
