Rolando Bernal, jefe del Departamento de Análisis y Avalúo de Reforma Agraria, labora en la institución desde 1976. En sus 30 años de servicio nunca había visto que se hiciera un segundo informe para fijar precio a un terreno, como ocurrió en enero de 2007 con el proceso que adelantaba Rodolfo Charro Espino, tío del presidente, Martín Torrijos, para comprar 26 hectáreas en Punta Chame.
Así lo declaró Bernal ante la Fiscalía Primera Anticorrupción, que adelanta una investigación de oficio para determinar si hubo o no delito en la transacción.
Ya la Comisión de Hacienda de la Asamblea Nacional, dominada por el oficialista Partido Revolucionario Democrático que lidera Torrijos, estudió el caso y determinó que no hubo irregularidad. Pero Bernal tiene poderosas razones para estar sorprendido. En su primer informe –del 13 de julio de 2006– concluyó que Reforma Agraria no podía fijar precio para la adjudicación de 26 hectáreas requeridas por Espino, porque la zona estaba formada por ciénagas marinas y manglar.
Espino no estaba contento con Bernal y objetó su opinión. En una carta enviada el 28 de diciembre de 2006 a Nadia Moreno, jefa de Reforma Agraria, exigió celeridad en el proceso y dio lecciones de cómo deben actuar los funcionarios públicos: "Que en dicha diligencia no participe ni tenga injerencia de ningún tipo Rolando Bernal, toda vez que ha quedado en evidencia que su proceder [...] dista mucho de los elementos de objetividad y transparencia que deben caracterizar el accionar de todo funcionario".
En enero de ese año, Bernal tomó vacaciones. Y según su declaración, fue su subalterno Rommel López quien elaboró el informe. A su regreso al puesto, se enteró del sorpresivo informe, porque López se lo mostró y le contó, según explicó, que había recibido instrucciones de la directora encargada de Reforma Agraria de elaborar otro documento.
Sobre este tema, Guillermo Salazar, ministro de Desarrollo Agropecuario, del cual depende Reforma Agraria, ha declarado que no ha habido nada anómalo ni ilegal. Pese a las insistentes llamadas de este diario, Moreno ha evitado explicar por qué en el segundo informe sí se pudo fijar el precio que Bernal se negó a calcular.
Las pesquisas siguen. Espino ha dado poder a Oswaldo Fernández, Gilberto Bósquez y Dionisio Alvarado para que lo representen en este caso, que él califica de "patraña del diario La Prensa".
