Quienes hablen de política y den su opinión en calidad de “politólogos” deberán contar con una “idoneidad”. De lo contrario, serán sancionados con multas que llegan a $5 mil. Así lo plantea una propuesta de ley presentada en la Asamblea Nacional hace cuatro meses, pero que ahora ha recibido impulso.
La Comisión de Trabajo, Salud y Desarrollo Social de la Asamblea Nacional desempolvó esta semana el anteproyecto de ley, que busca reglamentar la profesión de “politólogo” en el país.
La iniciativa, que se presentó en septiembre de 2022, a través de la Dirección de Participación Ciudadana por parte de Ronaldo Bukanan, según datos de la Asamblea, fue prohijada esta semana y espera su primer debate en dicha comisión, que dirige el diputado perredista Daniel Ramos y de la cual también forma parte el diputado y presidente de la Asamblea Nacional, el perredista Crispiano Adames.
La propuesta establece, como requisito para ser politólogo, poseer diploma universitario en ciencias políticas expedido por la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de las universidades públicas o particulares debidamente acreditadas o extranjeras. Los títulos de estas últimas deberán ser revalidados por la Universidad de Panamá (UP).
Además, crea una “Junta Técnica de Politología de Panamá”, la cual podrá otorgar idoneidad para que se pueda ejercer esta profesión en el país, por un periodo de dos años prorrogables.
También señala que la profesión solo podrá ser ejercida por panameños.
“La politología solo podrá ser ejercida por panameños, ya sea como actividad liberal o asalariada en instituciones públicas o empresas privadas o mixtas establecidas en Panamá. No obstante, solo por fundados motivos de inexistencia de especialistas en el área específica del politólogo y con la debida autorización escrita de la Junta Técnica de Politología de Panamá, la institución pública o la empresa privada o mixta podrá optar por la contratación de un profesional extranjero en politología por un período previamente establecido por la Junta Técnica en cumplimiento del ‘Código de Trabajo’, en lo que respecta a la contratación de personal extranjero”.
El anteproyecto propone multas de entre $2 mil a $5 mil dólares, a quienes incumplan con estas disposiciones.
En la exposición de motivos, su impulsor señala que se hace necesario esta norma para darle vida a una disciplina social. Explica que en 1996, el Consejo Académico de la Universidad de Panamá reconoció a la ciencia política como disciplina social autónoma. Esta postura, dice, fundamentó tanto la creación del Departamento de Ciencia Política, como la inauguración de una licenciatura en Ciencia Política en la Facultad de Derecho de la UP.
Añade que en la referida facultad de la UP se ofrecen dos licenciaturas: una en derecho y ciencias políticas y otra en ciencia política; la primera con formación jurídica y la segunda, politológica.
Para el analista político José Stoute, la propuesta es “absolutamente innecesaria”. Aseguró que politólogo es todo aquel graduado en ciencias políticas.
Por lo tanto, dijo que “dicho anteproyecto es un burdo intento de acallar las voces y opiniones críticas de los ciudadanos, cuando no amedrentar a quienes dan su opinión sobre la realidad nacional”.
“No cabe duda que están empedrando el camino hacia una dictadura. Se trata de un recorte alarmante de las libertades ciudadanas”, acotó.
Igual opinión emitió el analista político Edwin Cabrera, al señalar que pareciera que no hubiese nada importante que discutir en el Legislativo.
Catalogó como una “maniobra” lo de crear una junta técnica para dar idoneidades.
“No es otra cosa que pretender regular las opiniones políticas. Eso es lo que subyace: querer regular qué opina y dice la gente. Los ciudadanos tienen todo el derecho de hacer un análisis político acertado o equivocado sobre la realidad nacional e, incluso, sobre el órgano Legislativo. Quieren pretender regular y coartar el derecho de opinar”, dijo.
