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PROCESO

Tribunal Electoral declara inocente a Manolo Ruiz y condena a Rogelio Baruco

Estos procesos estaban en manos de los magistrados del TE, debido a las apelaciones de los abogados defensores de los excandidatos.

Tribunal Electoral declara inocente a Manolo Ruiz y condena a Rogelio Baruco
Manolo Ruíz y Rogelio Baruco.

El Tribunal Electoral (TE) declaró "inocente" del delito de utilización ilegítima de bienes y recursos del Estado al excandidato a diputado Manolo Ruiz, en un proceso que se le seguía a raíz de la contienda electoral de 2014.



A Ruiz se le anuló su proclamación como diputado en el circuito 4-5 (Boquete, Dolega y Gualaca), en los comicios de 2014, quien fue postulado por Cambio Democrático y el partido Molirena. En ese momento fue denunciado por supuesta utilización de fondos públicos para su campaña.



El fallo emitido por el pleno del TE, el pasado  14 de marzo, y el cual fue avalado por los magistrados Alfredo Juncá  y Myrtha Varela de Durán, suplente del magistrado Heriberto Araúz, con un salvamento de voto de la magistrada Yara Campos, suplente del magistrado Eduardo Valdés Escoffery, pide al juzgado electoral del Tercer Distrito Judicial "revocar parcialmente" la condena de inhabilitación para ocupar un cargo público establecida a Ruiz, en mayo de 2018 y "archivar" el expediente.



La decisión del TE señala, entre otras cosas, que el juzgado tuvo un "traspié" al condenar a Ruiz, debido a que no tomó en cuenta que el dinero utilizado por sus funciones como alcalde de Boquete (2009-2014) no puede ser endilgado a falta de legitimidad.

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Hay tres casos penales electorales de 2014 pendientes de fallo finalRecurso de apelación contra la sentencia penal electoral No. 36 del 8 de agosto de 2018.Recurso de apelación/Manolo Enrique Ruiz Castillo

Con esta decisión, el TE le permite a Ruiz correr como candidato en las elecciones de 2019, puesto que el fallo del juzgado lo inhabilitaba a ocupar cargos públicos.

SALVAMENTO DE VOTO

Por su parte, Yara Campos -que avala el fallo condenatorio del juzgado- señala que la nulidad de la elección de Ruíz como diputado en 2014, se fundamentó en que en el "proceso se probó que el manejo de los fondos públicos asignados al sindicado [Ruiz], por su condición de alcalde, le permitió generar condiciones de desigualdad en la elección, por lo que ésta se llevó a cabo sin las garantías establecidas por la Constitución".

Dice, además, que no se juzga el uso irregular o deficiente del dinero o si hubo lesión patrimonial para el Municipio, lo que "se juzgó fue si ese uso fue ilegítimo y si tuvo como finalidad impulsar la candidatura de Ruiz, en violación a la Constitución y el Código Electoral".

AUDITORÍAS

En la contienda pasada, las auditorías del TE dieron cuenta de que Ruiz habría utilizado $2 millones de fondos estatales para su candidatura.

La impugnación fue promovida por la actual diputada del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Athenas Athanasiadis.

En la actualidad, Manolo Ruiz fue postulado por el PRD y el Molinera como candidato a diputado del circuito 4-5.

CONDENAN A BARUCO 

Mientras, el 15 de marzo, en pleno los magistrados Heriberto Araúz, Eduardo Valdés Escoffery y Alfredo Juncá “confirmaron” en todas sus partes la sentencia penal electoral emitida por el Juzgado del Tercer Distrito Judicial contra el exdiputado Rogelio Baruco por la utilización ilegítima de los bienes y recursos del Estado.

A Baruco, exvicepresidente del partido Cambio Democrático, se le anuló su proclamación  en la contienda de 2014 como diputado del circuito 4-1 (David). El excandidato fue impugnado por el actual diputado panameñista Florentino Ábrego.

Según las auditorías del TE, Baruco obtuvo beneficios del Programa de Ayuda Nacional (PAN).

De mayo  de 2013 a marzo de 2014 se determinó que le fueron emitidas órdenes de compra y se pagaron cheques por $1 millón 49 mil 806.

El fallo del juzgado establecía la inhabilitación de un año para ejercer funciones públicas.

Estos procesos estaban en manos de los magistrados del TE, debido a apelaciones de los abogados defensores de los excandidatos, luego de que los juzgados penales electorales confirmaran, en primera instancia, su culpabilidad en el uso de recursos estatales en 2014.

 


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