La tarde se adentraba en la ciudad de Panamá cuando la diputada de la coalición Vamos, Yamireliz Chong, llegó a La Prensa para explicar una de sus propuestas legislativas. Entre sus manos llevaba un proyecto que, según explicó, podría cambiar la forma en que muchas familias jóvenes acceden a su primera vivienda en Panamá.
Se trataba de la ampliación del interés preferencial, pero no para viviendas nuevas, sino para aquellas que ya habían tenido un dueño: un segundo uso, una segunda oportunidad.
“Queremos crear incentivos económicos para jóvenes y familias que busquen su primera vivienda, pero que esta pueda ser de segunda mano”, comenzó a explicar con voz serena y pausada. Recordó que, durante más de 30 años, este beneficio había sido exclusivo para las viviendas recién construidas, una medida que, aunque había impulsado la economía, había dejado fuera a quienes no podían acceder a esos desarrollos.
La diputada habló de Colón, su provincia, donde los grandes proyectos habitacionales brillan por su ausencia y donde las viviendas existentes podían convertirse en la llave de muchas familias hacia un hogar propio. Darles una segunda vida, dijo, era más que un gesto económico: era un acto de justicia social, un puente entre la necesidad de vivienda y la realidad de los panameños.
La justificación
“Mi proyecto no compite con la ley de interés preferencial para viviendas nuevas”, aclaró Chong. Mientras la norma vigente buscaba mover la economía y generar empleo, su propuesta aspiraba a abrir un nuevo segmento: uno que no tenía cobertura, uno que necesitaba su oportunidad sin interferir con la dinámica de la construcción.
El efecto esperado en el mercado inmobiliario sería distinto. No se trata de desplazar al sector de viviendas nuevas ni de afectar el interés preferencial existente. Por el contrario, busca cubrir un vacío: personas de clase media con poder adquisitivo intermedio, que quedaban entre quienes accedían al subsidio tradicional y quienes simplemente no podían comprar vivienda.
El anteproyecto contempla que los préstamos hipotecarios no superen los $300 mil, tengan un interés preferencial 2% por debajo de la tasa de referencia y un plazo máximo de 10 años. Además, plantea exceptuar del pago del impuesto de bien inmueble a viviendas usadas en ese rango de valor, introducir un impuesto del 3% sobre la transferencia de estos inmuebles y actualizar la tarifa progresiva para propiedades de mayor valor en el Código Fiscal.
La iniciativa, presentada por la diputada Yamireliz Chong, propone incentivos para la compra de viviendas usadas e incluye un impuesto del 3 % sobre transferencias onerosas de bienes inmuebles, como compraventa, permuta o dación en pago. pic.twitter.com/jaihDhl9VU
— Asamblea Nacional (@asambleapa) September 29, 2025
Ordenamiento territorial
La iniciativa también tiene un componente de ordenamiento territorial. Chong recordó intentos previos de otros diputados, como Gabriel Silva, y coincidió en que esta ley podría ayudar a contener el crecimiento desordenado y repoblar zonas que habían quedado vacías, otorgando nueva vida a viviendas existentes y fomentando la revitalización de barrios olvidados.
El centro de la ciudad y áreas como Betania o La Cresta podrían ver renacer sus calles, explicó. La clave, insistió, estaba en trabajar de la mano con los ministerios competentes y los gremios, asegurando que la medida no solo fuera económica, sino también ambientalmente sostenible.
El proyecto nació pensando en Colón, pero sus implicaciones podrían sentirse en todo el país. Según el Ministerio de Vivienda, el déficit habitacional asciende a 140 mil unidades, cifra que se mantiene constante porque la construcción anual no cubre la demanda ni el crecimiento poblacional. Este déficit afecta no solo la cantidad de viviendas, sino también su calidad, incluyendo hacinamiento, falta de acceso a servicios básicos y casas en mal estado.
Beneficios para propietarios
Los dueños de viviendas de segunda mano también tendrían incentivos. Poder vender sus inmuebles a precios accesibles para compradores primerizos no solo dinamizaría el mercado local, sino que también podría revitalizar áreas que hoy se encuentran desocupadas o con lento movimiento económico.
El proyecto atiende la desigualdad que enfrentan quienes buscan su primera vivienda y no tienen acceso al interés preferencial tradicional. Chong explicó que existe un vacío legal que deja sin opciones a muchos jóvenes y familias de clase media, un segmento que su propuesta pretende cubrir, ofreciendo acceso a créditos y subsidios adaptados a su realidad, con la meta de reducir gradualmente el déficit de 140 mil unidades y mejorar la calidad de las viviendas.
Al final de la entrevista, la diputada hizo una pausa. “Este proyecto se construye con expertos y actores del sector. Tal vez hoy no sea la ley que se apruebe, pero estoy segura de que resultará en un proyecto mucho mejor, en beneficio de todos: del que compra y del que vende”, concluyó Chong, quien aspira a que su propuesta sea respaldada en la Asamblea Nacional.
