La junta directiva del Instituto Panameño Autónomo Cooperativo (Ipacoop) tomó la decisión de cancelar la personería jurídica de la Cooperativa de Servicios Múltiples Suntracs, R.L., tras considerar que incurrió en faltas graves que comprometen la transparencia e integridad del sistema cooperativo panameño.
La resolución fue adoptada luego de agotar el debido proceso y analizar los descargos presentados por la cooperativa, los cuales fueron considerados insuficientes. Según explicó el Ipacoop, desde el año 2017 se realizaron diversas supervisiones a la cooperativa vinculada al Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares (Suntracs).
A lo largo de este periodo se detectaron múltiples irregularidades que la organización no logró desvirtuar, ni con los descargos ni mediante recursos de reconsideración o apelación. La resolución definitiva fue anunciada el pasado 20 de mayo de 2025 mediante el documento D.E/A.L./N.079/2025, el cual permanece en firme.
Entre los hallazgos señalados por la entidad reguladora se encuentran violaciones graves y reiteradas a la Ley N.º 23 del 27 de abril de 2015, normativa que establece medidas contra el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La investigación reveló que la cooperativa no contaba con una matriz de evaluación de riesgos ni con mecanismos adecuados para clasificar a sus clientes según niveles de riesgo, como lo exige el marco legal vigente.
El Ipacoop también detectó la inexistencia de un sistema de monitoreo para identificar operaciones inusuales o sospechosas, lo que compromete severamente la capacidad de la entidad para cumplir con sus obligaciones como sujeto regulado.
Esta omisión —según la entidad— representa una grave falla en la prevención de delitos financieros y un riesgo para el sistema cooperativo nacional.
Otras irregularidades señaladas incluyen el incumplimiento de los requisitos mínimos de debida diligencia.
La auditoría encontró expedientes con información incompleta sobre el perfil financiero de los asociados, falta de documentación sobre el origen de los fondos, omisión en la identificación de beneficiarios finales y ausencia de controles sobre los directivos de sociedades vinculadas como clientes de la cooperativa.
Finalmente, el Ipacoop destacó que la cooperativa no contaba con cuentas bancarias funcionales, lo cual limitaba sus operaciones dentro del sistema financiero. Además, se detectó una preocupante concentración de créditos en préstamos a terceros, un patrón de riesgo que contribuyó al deterioro de la situación financiera de la organización.
Disolución del sindicato
Este anuncio se da en medio de un conflicto entre el Ejecutivo y el Suntracs. Como se recordará, la ministra de Trabajo y Desarrollo Laboral, Jackeline Muñoz, anunció el pasado 17 de julio la presentación de una demanda ante los juzgados laborales para solicitar la disolución del sindicato.
Según la funcionaria, la medida se adoptó en defensa de los derechos de los trabajadores, y el proceso ahora queda en manos del sistema judicial. Además, defendió la acción legal contra Suntracs, señalando que la decisión se basa en un análisis jurídico y técnico respaldado por la legislación laboral vigente.
El presidente José Raúl Mulino también se refirió al tema el pasado 24 de julio. En su habitual conferencia, afirmó que el Gobierno mantiene su postura de respeto a los derechos laborales y a la protección de los trabajadores, pero advirtió que no respaldará acciones vinculadas a la extorsión o la violencia.
