José Gabriel Carrizo propone modificar la ‘Constitución’; hay reacciones

El candidato presidencial oficialista, José Gabriel Carrizo, propuso ayer lunes modificar la Constitución en dos asambleas en diferentes quinquenios: este y el próximo. Sería, dijo, la vía menos traumática de hacerlo.

Esta no sería la primera vez que eso sucedería. En el año 2004, durante el cambio de gobierno con Mireya Moscoso (1999-2004), Martín Torrijos (2004-2009) presentó una reforma constitucional al gobierno saliente, que aceptó promoverla.

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Ante los miembros del Pacto de Estado por la Justicia, el también vicepresidente de la República dijo ayer que los cambios se darían solamente en los títulos concernientes a los órganos del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), con el fin de “garantizar una verdadera independencia, incluyendo la presupuestaria, y de generar mayores oportunidades de empleo atrayendo buenas inversiones producto de la seguridad jurídica y la competitividad”.

En cuanto al Ejecutivo, Carrizo explicó a La Prensa que las reformas buscan “que el día de mañana no vuelva a pasar lo que pasaba antes: que los presidentes, con su excesivo poder, terminaban entrometiéndose en la justicia y en la Asamblea”.

En cuanto al Legislativo, dijo que el fin sería redefinir los roles de los diputados, mientras que en el Judicial, su interés sería discutir los criterios de asignación de presupuesto, evitar la investigación cruzada entre diputados y magistrados, y establecer más claramente el proceso psicométrico y moral de la elección de los magistrados.

Esta propuesta, subrayó, es “mía como candidato, aunque lo he conversado con el presidente y se lo he planteado a varios miembros del Comité Ejecutivo Nacional de mi partido”.

Según Carrizo, al día siguiente de la elección, el 6 de mayo, se instalará la mesa del Pacto de Estado por la Justicia, que deberá entregarle el 6 de junio, como presidente electo, el documento con los cambios sugeridos. “Y el 7 de junio hablo con el presidente, le recomiendo convocar a sesiones extraordinarias en la Asamblea y se aprueba. Y en los seis primeros meses de mi gobierno se aprobarían esos cambios”, detalló.

La desconfianza

La propuesta de Carrizo, aunque calificada por algunos como positiva, no logró convencer.

“Este gobierno ha faltado a cada promesa que ha hecho. Pensar que ahora van a lograr un acuerdo con los diputados de la Asamblea actual que incluya los cambios que nuestro país requiere es ingenuo y cínico. Parece otra propuesta electorera, sabiendo que los diputados actuales no aceptarán ningún cambio constitucional que les afecte sus privilegios e impunidad”, sostuvo el también candidato presidencial Rómulo Roux. Tocará, dijo, ver la propuesta que se presente entre el 5 de mayo y el 30 de junio. Sin embargo, “sigue considerando que la mejor alternativa para lograr los cambios que el país requiere es un cambio constitucional a través de una asamblea constituyente”.

Igual de receloso se mostró el candidato presidencial por la libre postulación Melitón Arrocha, que recomienda presentar una propuesta de reforma en los primeros 90 días de su gobierno.

“Recibimos con escepticismo que, a última hora y de manera inconsulta, el candidato del gobierno, al iniciar la campaña y casi cinco años después de haber asumido el gobierno, haga este planteamiento”. Esto, aseguró, “no es otra cosa que desviar la atención de los grandes problemas del país, incluyendo los graves escándalos de corrupción de esta administración”.

Esto, recordó la abogada Giulia de Sanctis, promotora de Panamá Decide, iniciativa ciudadana que impulsó la constituyente paralela, “se ha hecho en el pasado, pero con gobernantes con un alto nivel de legitimidad, con una Asamblea no tan politizada como esta y con procesos previos amplios y participativos”. Los ciudadanos, dijo De Sanctis, “tenemos que saber qué va a modificar [Carrizo] y para qué, y por qué no lo hizo durante estos cinco años”.

Para el también proponente de la constituyente paralela Carlos Ernesto González Ramírez, “Panamá tiene urgencia de un cambio constitucional que cambie el diseño de la parte orgánica de la constitución. Un cambio en esa dirección, por cualquiera de los medios que prevé un sistema democrático sería positivo”. Sin embargo, subraya que “la gran pregunta es si eso es viable con esta Asamblea. En el pasado, asambleas compuestas por legisladores cuestionados aprobaron cambios positivos a la Constitución luego de las elecciones y en vías de salir del hemiciclo. La pregunta es si estos están a esa altura”. Y en esto, dijo, “también juegan el presidente entrante y el saliente. Si logran acuerdos que empujen a sus mayorías de diputados a hacer lo correcto”.

Docencia

Jorge Giannareas, abogado constitucionalista que participó en el movimiento de reformas de 2004, explicó que la Constitución, en su artículo 313, faculta a la Asamblea y al Gabinete para proponer una paquete de reformas constitucionales que sería aprobado en sesiones ordinarias por el pleno de la Asamblea saliente en tres debates y tendría que ser ratificado por la Asamblea entrante, para que fuese válido.

La Constitución le impone algunos parámetros. Por ejemplo, explicó el constitucionalista, “el Ejecutivo debe enviar el paquete de reformas aprobado en tres debates a la Asamblea Nacional entrante dentro de los cinco primeros días de la primera legislatura, para que este la apruebe o rechace, sin introducir ningún cambio o ajuste en un solo debate”.

La última vez que se utilizó este procedimiento en forma exitosa fue en 2004, sostuvo Giannareas, luego del intenso movimiento ciudadano que durante dos años promovió el cambio constitucional con contenidos muy específicos y que solo fueron parcialmente reconocidos en las reformas aprobadas.

“La última vez que trató de utilizarse este procedimiento fue en 2019 y obtuvo rechazo en las calles, pues su contenido no respondía a las aspiraciones de la ciudadanía. En materia de reforma constitucional, es de crucial importancia contar con canales de participación de los distintos movimientos y organizaciones de la sociedad civil. De lo contrario, pudiera repetirse el escenario del 2019″, concluyó Giannareas.

Se intentó localizar a los candidatos presidenciales Martín Torrijos y Ricardo Lombana, pero no respondieron. Lombana ha propuesto impulsar una Constituyente abierta a cambios en todos los temas, que vaya de la mano con un paquete de leyes anticorrupción y contra el clientelismo, mientras que Torrijos se compromete a establecer nuevas reglas del juego que permitan reducir el presupuesto, proteger y promover nuevos derechos y facilitar una mejor relación entre los poderes del Estado.

Flor Mizrachi Angel