La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional habría aprobado un crédito adicional y un traslado de partida a favor de la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), el pasado 15 de septiembre, pese a que a la sesión de ese día no acudió nadie de la institución a sustentar.
Tampoco hay constancia de la aprobación del crédito y del traslado en el acta de la Comisión de Presupuesto, correspondiente a ese día ni en la nota de prensa que la Asamblea colocó en su sitio web.
Lo que sí hay es una resolución, la número 35 del 15 de septiembre de 2022, en la cual la Comisión de Presupuesto aprueba la partida por poco más de $7.5 millones, a favor de la AND. Esa resolución la firman 10 de los 15 diputados que integran la referida comisión: los perredistas Benicio Robinson (presidente), Raúl Pineda (vicepresidente), Cenobia Vargas (secretaria), Arquesio Arias, Gonzalo González y Víctor Castillo, así como Everardo Concepción, del PartidoPanameñista; Yanibel Ábrego, de Cambio Democrático (CD), y Manolo Ruiz, del Molirena.
El espacio asignado a las firmas de los diputados comisionados Marylín Vallarino y Fátima Agrazal, de CD; Nelson Jackson, del PRD; Pedro Torres, del Panameñista, y el independiente Juan Diego Vásquez permanece en blanco.
Vásquez, que se enteró mucho después que se había aprobado la Resolución 35, estuvo en la sesión del 15 de septiembre pasado, en la cual supuestamente se aprobó el crédito, e insiste en que aquel tema no fue debatido. Ese día tampoco estuvo el director de la AND, Edward Mosley Ibarra, a quien por ley le corresponde ir personalmente a sustentar cualquier traslado o partida.
La Comisión de Presupuesto ha aprobado, a mi juicio, ilegalmente este traslado a la Autoridad de Descentralización.
— Juan Diego Vásquez (@JDVasquezGut) June 29, 2023
¿Qué esconden? Ya sabemos
Es una pena que Diputados que deben ser una representación transparente de la ciudadanía se presten para esto.
Iré a los tribunales. https://t.co/AiuSK0X7Pr
Si esto es así, sería una violación al reglamento interno de la Asamblea y a la Ley de Presupuesto General del Estado.
Por esas razones, Vásquez sostiene que la Resolución 35 es ilegal y solicitará a la Sala Tercera de la Corte Suprema que anule ese acto.
