La decisión del Consejo de Gabinete de extender el estado de urgencia en la provincia de Bocas del Toro, a través del Decreto de Gabinete N°28, hasta el próximo 29 de junio, ha provocado reacciones, particularmente, luego de revocar la suspensión del artículo 23 de la Constitución, sobre el hábeas corpus, que permite a una persona detenida ser escuchada y que un tribunal resuelva la legalidad de su detención.
El exdiputado y líder de la coalición Vamos, Juan Diego Vásquez, se pronunció al respecto este miércoles 25 de junio.
“Se decide excluir de la suspensión [de garantías constitucionales] el artículo 23, que incluye el hábeas corpus, esto en reconocimiento de lo que la bancada independiente comunicó hace unos días, y que otros expertos lo dijeron: el gobierno lo reconoce como un error“, dijo Vásquez en un video que difundió en su red social de Instagram.
En un primer decreto [N°27] del 20 de junio, el Ejecutivo había anunciado la suspensión de garantías constitucionales, incluido el artículo 23 de la carta magna, que detalla:
“Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescribe la Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante la acción de hábeas corpus que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable (...)" .
Pero el 24 de junio, el Gabinete revocó la suspensión de esta garantía constitucional.
Lo anunció el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac: “En la modificación se saca el artículo 23 del hábeas corpus, toda vez que el mismo, y por disposiciones de organismos internacionales, se mantiene como un derecho que mantienen los ciudadanos”, dijo.
El ministro reconoció que el hábeas corpus es un derecho que se mantiene a los ciudadanos a pesar del estado de urgencia, una de las razones por las que, en los próximos días sin garantías constitucionales en Bocas del Toro, quienes sean aprehendidos podrían volver a invocar el artículo 23 de la Constitución.
“Esperemos así pueda ser tomado en cuenta, en cuanto a la posición jurídica y la defensa de los derechos humanos de estas personas”.
Vásquez, por su parte, se mantuvo crítico respecto a la suspensión de garantías en la provincia .
“Reconociendo la gravedad de lo que ocurre en Bocas del Toro, y condenando a los vándalos para llevarlos ante la justicia, ¿Cuál es el plan en el gobierno? ¿Qué van a hacer con 4 días más de suspensión de garantías y $40 millones adicionales (...)?“, sentención el exdiputado.
Para Vásquez, la respuesta está en el diálogo nacional, por lo que reiteró la disposición de su colectivo político para lograr este cometido.
Durante las operaciones de los estamentos de seguridad en Bocas del Toro, 267 personas han sido aprehendidas y 177 han sido llevadas ante el Ministerio Público, detalló el Gobierno hasta el cierre del 24 de junio.
