ENTREVISTA.

‘No se justifica la pobreza en Panamá’

La directora ejecutiva de Justicia y Paz dice que el país está a mitad del camino en materia de DDHH.

La socióloga opina que la Defensoría no ha cumplido con su misión de defender los derechos ciudadanos.

DIRECCIÓN. Maribel Jaén lleva cuatro años y medio al frente de la comisión creada por la Iglesia después de la invasión de 1989. DIRECCIÓN. Maribel Jaén lleva cuatro años y medio al frente de la comisión creada por la Iglesia después de la invasión de 1989.
DIRECCIÓN. Maribel Jaén lleva cuatro años y medio al frente de la comisión creada por la Iglesia después de la invasión de 1989.

Maribel Jaén lleva cuatro años y medio como directora ejecutiva de la Comisión de Justicia y Paz, aquel organismo creado en 1990, justo después de la invasión de Estados Unidos, por el entonces arzobispo de Panamá, Marcos Gregorio McGrath y el monseñor Carlos María Aris, para tratar el tema de los derechos humanos.

17 años han pasado desde entonces y con ellos ha evolucionado también la situación de los derechos fundamentales. Ya no se trata de violaciones de la dictadura, sino de una injusta distribución de la riqueza y de una inexplicable pobreza que afecta al 40% de los panameños.

En medio de la discusión de unas polémicas reformas al sistema penal, la inminente elección de un defensor del Pueblo y un accidentado diálogo de desarrollo nacional, la socióloga reflexiona sobre los avances, pero sobre todo, las carencias de Panamá en el tema de derechos humanos.

Si tuviera que calificar a Panamá del 1 al 10, siendo 10 la nirvana de los derechos humanos, ¿qué puntaje le daría?

Panamá estaría en un 5. Creo que el otro 50% tiene que ver con los derechos económicos, aunque también se incluyen los derechos civiles como la libertad de expresión y la democracia interna de los partidos políticos. Todavía nos hace falta mucho...

¿Cuáles son los retos del país en el tema de derechos humanos?

La erradicación de la pobreza. No se justifica que con lo que se recibe en el país, los ingresos e inversiones que hay, exista un 40% de la población en pobreza. Yo considero que las políticas públicas tienen que mejorar y los recursos que hay en el Estado tienen que llegar a esas áreas.

Otro elemento fundamental es el tema de la justicia. Yo creo que todavía hay una deuda social con la población, porque se percibe que la administración de justicia es burocrática y selectiva.

Ya que toca el tema, Justicia y Paz ha participado en la discusión de las reformas a los códigos Penal y Procesal Penal. ¿Qué han recomendado?

Lo que hemos solicitado, como organismo de derechos humanos de la iglesia Católica, es que se humanice el procedimiento jurídico; que los procesos sean mucho más ágiles, y hablamos en particular de los presos sin condena: el 60% de los privados de libertad no ha sido procesado.

Las condiciones en las cárceles son terribles, son violatorias de los derechos humanos y advertimos que es la crónica de una tragedia anunciada. Ojalá que después que ocurra la tragedia, no nos rasguemos las vestiduras.

Lo que hemos solicitado a la Comisión de Gobierno [de la Asamblea] es que tome los aportes hechos y abra un diálogo con suficiente tiempo para que esta norma sea producto de un consenso nacional.

¿En Panamá hay una verdadera democracia?

Desde el punto de vista ético, la democracia es el respeto a la dignidad de cada persona y este respeto se traduce en políticas públicas que garanticen las condiciones que erradiquen la pobreza que tienen nuestros pueblos...

¿Y eso lo está haciendo el gobierno actual?

Los gobiernos pueden tener la voluntad, pero también existen poderes económicos con fuertes intereses en los países. Es una tarea de todos, donde el mayor responsable es el gobierno de turno, pero todavía a nuestras democracias les hace falta mucho, sobre todo en materia de derechos económicos y sociales.

¿Comparte la opinión de los obispos de que hay grandes fallas en el actual gobierno?

Yo la comparto. Los obispos han hablado claro en cuanto al tema de los afectados con los medicamentos envenenados y las personas que fallecieron en el autobús que se incineró, es necesario que se hagan las investigaciones expeditas y que la gente realmente sienta que hay justicia.

Los obispos también hablaron del diálogo de concertación e hicieron un llamado a todas las organizaciones. Yo creo que es importante que la clase política, todos los sectores sociales y el Gobierno, que han sido convocados, nos podamos sentar nuevamente.

¿La salida de los partidos de oposición no le resta legitimidad al proceso?

Definitivamente. Es importante que los partidos participen, pero lo fundamental es que este diálogo esté alejado de los intereses partidarios. Creo que los partidos deben poner los intereses nacionales por encima de sus intereses partidarios.

¿Debería continuar el proceso sin estos partidos?

Esa es su responsabilidad social [de los partidos] y creo que los ciudadanos estaríamos pendientes de cuál es su actuar. Ellos, si quieren ser los futuros gobernantes, tienen que asumir esa responsabilidad en todos los momentos.

¿Qué le parece la labor de la Defensoría del Pueblo?

Es una institución que, a la fecha, quizás no ha satisfecho a los ciudadanos como una institución que vele realmente por sus derechos humanos. Me parece que hay que fortalecerla para que realmente cumpla con su misión: defender a todos, especialmente cuando sus derechos han sido violados por el Estado. Todavía le hace falta mucho más independencia a la Defensoría. Creo que la estructura del Estado es tan compleja que, por más que intente salirse de esa burocracia estatal, sigue siendo un apéndice.

Creo que un reto importante que tienen los organismos de derechos humanos es que para la elección del nuevo defensor, se logre la independencia de los partidos políticos, que la persona tenga experiencia en derechos humanos y que se vea reflejada, a través de su accionar personal y profesional, un compromiso con el país.

PERFIL DE UNA ACTIVISTA

TRAYECTORIA: Formó parte de los grupos juveniles católicos de San Miguelito cuando era una adolescente. Se graduó de sociología en la Universidad Santa María la Antigua. Participó en la cátedra Cultura de Paz; fue miembro del Comité contra el Maltrato, y realizó consultorías en temas de género y protección a la niñez.

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