Este 1 de julio marcará el inicio de una nueva presidencia en la Asamblea Nacional de Panamá, pero no de una nueva institución. Aunque el liderazgo está por definirse, los desafíos que arrastra el órgano Legislativo son conocidos, estructurales y urgentes.
Uno de los compromisos más postergados, es la reforma al Reglamento Orgánico del Régimen Interno (RORI) , pieza clave para ordenar los debates, reducir históricos privilegios de los diputados y modernizar una institución cuya arquitectura normativa sigue anclada al pasado.
El reglamento ha sido citado, prometido y archivado una y otra vez. En la Comisión de Credenciales se acumulan múltiples propuestas legislativas que esperan debate, la mayoría de estos proyectos han sido presentados por los diputados de la bancada independiente Vamos.
Una subcomisión legislativa creada para analizar este asunto estudió al menos 11 proyectos de ley que tienen como objetivo cambiar las reglas de cómo se conduce el palacio Justo Arosemena. Entre las iniciativas figuran iniciativas legislativas para mejorar la eficiencia en los procesos legislativos y eliminar las denominadas “botellas”, entre otros.
¿Estará la Asamblea a la altura de esa deuda pendiente? Solo el tiempo y sus actos lo dirán.
El presupuesto 2026
A esto se suma la necesidad de estar a la altura del debate presupuestario. Después del accidentado trámite del presupuesto general del Estado para 2025, con errores de forma, devoluciones al Ejecutivo y confrontaciones entre bancadas, este periodo legislativo está obligado a elevar el nivel técnico y político del análisis presupuestario para el año 2026.
No se trata solo de aprobar cifras, sino de entender prioridades nacionales, revisar el gasto con lupa y asumir la responsabilidad que implica autorizar la hoja de ruta financiera del país. Desde ya, economistas solicitan que desde la Asamblea se abogue por austeridad en el gasto público.
¿Se irán las botellas?
Y aunque muchas veces se intente minimizar o maquillar, el escándalo de las planillas y las “botellas” sigue siendo una de las manchas más persistentes en la imagen del Legislativo. Sanear esa estructura, reducir los nombramientos clientelistas y transparentar la nómina, es una exigencia ciudadana que impacta directamente la credibilidad del órgano.
