La Contraloría General de la República informó este viernes 9 de octubre que ordenó una auditoría a la planilla 172 de la Asamblea Nacional –bautizada por los diputados como cashback– para verificar que las personas contratados cumplen con sus funciones.
"En el control posterior verificaremos si en efecto el personal contratado por la Asamblea Nacional bajo esta partida ha cumplido con los servicios profesionales, de modo que la población tenga la certeza de que no son botellas”, aseguró el contralor Gerardo Solís.
En un comunicado, el contralor explicó que refrendaron las planilla 172, por un monto de $8 millones, pues forma parte del presupuesto del Órgano Legislativo. “En esta fase del control previo se verifica la asignación presupuestaria y los requerimientos que disponen las normas vigentes para este tipo de contratación, específicamente que no exista dualidad e incompatibilidad de los servidores panameños contratados”.
Ahora, efectuarán el “control posterior” que implica la revisión “objetiva de toda esta materia de contratación”.
Según Solís, bajo su administración “no existe, ni existirá una planilla Cash back, como cabía la percepción del pasado”.
La Asamblea, que es controlada por el Partido Revolucionario Democrático (PRD), contrató entre mayo y septiembre pasado a mil 750 personas, por $8 millones a través de la partida 172 –que ampara los contratos por servicios profesionales-.
Marcos Castillero, presidente de ese Órgano del Estado, defendió la reactivación de esta controversial planilla. Dijo que el Legislativo nunca paralizó sus labores a causa de la pandemia de la Covid-19, pero siguió sin revelar qué trabajos efectuaron ni las actividades que implicaron la reactivación del millonario desembolso.
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