La Corte Suprema de Estados Unidos salvó a las redes sociales

La sección 230 de la Ley de Telecomunicaciones de Estados Unidos de 1996 le concedió un blindaje contra toda responsabilidad civil a las empresas de la entonces naciente industria del internet. El contenido de esa sección coloca a los proveedores de internet, redes sociales u otros servicios parecidos, en una condición jurídica similar a la de los fabricantes de teléfonos celulares, televisores o computadoras, es decir, no tienen responsabilidad por el contenido divulgado usando su tecnología. Esto permitió que las grandes empresas telefónicas y compañías de televisión por cable invirtieran en el desarrollo de la red de fibra óptica que necesitó Estados Unidos para masificar el internet de banda ancha. Así nacieron empresas como Amazon, Google o Facebook. Luego, los teléfonos inteligentes completarían el dominio de las redes sociales en la comunicación de todo el planeta. En octubre del año pasado, dos casos que llegaron al conocimiento de la Corte Suprema de Justicia estadounidense pudieron debilitar el blindaje de la sección 230. Ambos casos estaban amparados en la Ley Antiterrorista de Estados Unidos, que le permite a las víctimas o familiares de quienes han sido afectados por actos de terrorismo acudir por la vía civil para demandar daños y perjuicios contra las personas o empresas que facilitaron o participaron en esos actos. El primer caso fue el relacionado a la estudiante Nohemí González, de California, quien tomaba clases en París, Francia, cuando esta ciudad sufrió un incidente terrorista en el año 2015. Sus familiares habían demandado a Google LLP porque esa empresa es la propietaria de la plataforma YouTube, que contenía en su catálogo videos de la organización terrorista Estado Islámico que motivaron a sus seguidores en Europa. El otro caso fue una demanda civil de la familia estadounidense del ciudadano jordano Nawras Alassaf, quien murió en Estambul en un atentado del Estado Islámico en el año 2017. Su familia demandó a Twitter por considerar que no había hecho lo suficiente para depurar su base de usuarios de promotores del terrorismo islámico. Si la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos hubiese decidido favorablemente uno de estos casos, el efecto sobre la industria tecnológica habría sido un terremoto. Si una red social es responsable por lo que publican sus usuarios se acabarían los servicios gratuitos y muchos negocios no serían viables. Además, si la empresa propietaria de la red social tiene responsabilidad civil, es muy posible que esta responsabilidad se le extendiera a otras empresas en esa cadena de valor. Las empresas desarrolladoras de algoritmos o de programas de fidelización de usuarios también serían parte de esa responsabilidad civil. Por supuesto, en algún momento la responsabilidad civil alcanzaría a bancos, fondos de inversión, empresas de seguro y muchos otros actores. Las pocas redes sociales que quedarían serían tan minuciosas y cuidadosas con lo que se publica en sus plataformas, como lo son actualmente los periódicos y los canales de televisión de noticias. La Corte Suprema mantuvo el blindaje de las empresas de internet. En dos fallos comunicados el pasado 18 de mayo, la Corte rechazó la pretensión de la familia de Nohemí González: en una decisión sin firma, se ordenó devolver el caso al tribunal inferior obviamente para su archivo. En la sentencia del caso de los familiares de Nawras Alassaf, se revocó la decisión del tribunal de apelaciones que había condenado a Twitter. Esta decisión fue unánime, 9 a 0, algo inédito para la actual Corte Suprema. Según los especialistas consultados por medios estadounidenses, los dos casos tenían una gran debilidad que consistía en la falta del vínculo directo o intención de las empresas de hacer daño. Las compañías demandadas demostraron que hacían importantes inversiones para depurar sus plataformas de mensajes nocivos. A pesar de estos dos fallos, la intención de responsabilizar a las plataformas por lo que se publica en estas sigue creciendo alrededor del mundo. Fuera de los estrados judiciales, esto se puede obtener por otra vía. En Estados Unidos, al igual que en el resto del mundo, existen importantes llamados para cambiar el comportamiento de las redes sociales. Con la introducción de más programas de inteligencia artificial, es muy posible que los mensajes nocivos, las conspiraciones y otras conductas problemáticas aumenten. Solo basta que la presión política incentive al Congreso de Estados Unidos a modificar la sección 230 para terminar con el lado tenebroso de las redes sociales. Otro escenario podría ser que la Unión Europea haga su propia legislación sobre este asunto, para provocar este cambio. Al final, los principales gobiernos del mundo libre tienen en sus manos el antídoto que permitiría sanear el salvaje mundo de las redes sociales.

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