Aunque miles de ciudadanos pagan a diario por cruzar los corredores Norte y Sur, una parte de la alta burocracia estatal no enfrenta este costo. Al menos no de su bolsillo.
Directores, subdirectores y funcionarios administrativos de distintas instituciones públicas están exonerados del pago del Panapass, según disposiciones incluidas en contratos oficiales y reglamentos internos.
Estas exoneraciones, que cubren el tránsito por las autopistas administradas por la Empresa Nacional de Autopistas (ENA), se han convertido en un símbolo de los privilegios que persisten en el aparato estatal, pese a la contención del gasto actual y mientras la mayoría de los usuarios debe asumir el costo de cada peaje.
Incluso, a la Asamblea Nacional fue presentada una propuesta de ley por parte de la diputada de la coalición Vamos, Alexandra Brenes, junto con otros colegas del grupo político, con el fin de que dicha exoneración de peajes se permita únicamente a vehículos oficiales que realicen funciones “operativas urgentes en seguridad, emergencia y desastres”. Se excluye de ese beneficio a directores, subdirectores y personal administrativo.
La Resolución de Gabinete No. 82, del 14 de junio de 2016, exoneró del pago de peaje en los corredores Norte y Sur a los vehículos de uso oficial de unas 10 entidades, justificando la medida por la naturaleza de sus funciones. Si bien la medida abarcó vehículos que llevaban a cabo labores de emergencia, también fueron beneficiados directores y subdirectores de algunas entidades.
Los casos
Por ejemplo, en este grupo se incluyen los vehículos del Cuerpo de Bomberos, como carros bomba y ambulancias, así como las ambulancias de la Caja de Seguro Social (CSS) y del Ministerio de Salud (Minsa). También forman parte los vehículos de la Policía en servicio operativo, los de rescate del Sistema Nacional de Protección Civil, los de la Fiscalía Auxiliar para levantamiento de cadáveres y los del Sistema Penitenciario destinados al traslado de reclusos.
Sin embargo, en esa misma resolución se otorga el beneficio a los vehículos oficiales asignados al director y subdirector de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), al director y subdirector de la Policía Nacional, a los vehículos asignados al Consejo de Seguridad y al director y subdirector del Servicio de Protección Institucional (SPI).
Dicha resolución fue modificada en 2019 y 2025 para incluir a cinco entidades. En 2019 se incorporó la exoneración de los vehículos oficiales en servicio del Servicio Nacional de Fronteras y del Servicio Aeronaval, lo que también incluyó a los vehículos asignados por el director o subdirector de ambas instituciones.
En 2025, se agregaron a la lista los vehículos en servicio del Sistema Único de Manejo de Emergencias (SUME), del Ministerio de Seguridad y del Servicio Nacional de Migración. En esta modificación también se incluyeron los directores y subdirectores de dichas instituciones.
Otras contrataciones
Otras instituciones, como la Cancillería de la República, Pandeportes, el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales, la Asamblea Nacional y el Ministerio de Obras Públicas, no cuentan con estas exoneraciones, pero incluyen el costo del Panapass en la flota vehicular que mantienen arrendada. Es decir, lo paga el Estado.
Estas entidades alquilan vehículos para uso de sus funcionarios y pagan el tránsito por ambos corredores a la empresa arrendadora, a diferencia de los vehículos oficiales exonerados que circulan sin costo. Así consta en el portal Panamá Compra.
A raíz de esto, la diputada Alexandra Brenes presentó un proyecto de ley que busca eliminar las exoneraciones de peaje para directores, subdirectores y personal administrativo, estableciendo que este beneficio se otorgue únicamente a vehículos oficiales que realicen funciones operativas urgentes relacionadas con seguridad, emergencias o desastres. La iniciativa pretende acabar con privilegios que, según Brenes, no se justifican y que contradicen el principio constitucional de igualdad.
Argumento legal
La Constitución de la República de Panamá establece en su Artículo 19 que “No habrá fueros o privilegios personales ni discriminación por razón de raza, nacimiento, clase social, sexo, religión o ideas políticas”. Asimismo, el artículo 15, numeral 2, de la Ley 5 de 1988, que regula la ejecución de obras públicas por concesión administrativa, refuerza este principio al señalar que los concesionarios deben cobrar las tarifas aprobadas por el Ejecutivo a todos los usuarios “sin disminución de ninguna especie”.
De esta manera, el proyecto de Brenes no solo respeta la Ley 5 de 1988 y la Ley 76 de 2010, sino que también las complementa, asegurando que los corredores cumplan su función de servicio público y no de beneficio para intereses particulares.
Para el diputado independiente Betserai Richards, este privilegio a funcionarios de la cúpula del Estado debe ser eliminado. “Nosotros somos diputados y pagamos el peaje de nuestro bolsillo como hacen todos los ciudadanos”, acotó.
El aforo diario promedio (número de vehículos que transitan) en los corredores Norte y Sur de Panamá es de aproximadamente 68 mil vehículos, según datos disponibles del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
