La Ley contra prácticas corruptas en el extranjero (FCPA por sus siglas en inglés) fue firmada por el presidente Jimmy Carter el 19 de diciembre de 1977. La FCPA surgió como una respuesta a la grave crisis ética de importantes empresas estadounidenses involucradas en sobornos de funcionarios de alto nivel de gobiernos extranjeros.
En particular, los escándalos de la empresa Lockheed dados a conocer en el año de 1976 y el de la United Fruit Company de 1975, conmovieron a la opinión pública estadounidense. Lockheed pagó sobornos en Japón, Italia, Países Bajos, Hong Kong, Alemania Occidental y Arabia Saudita en lo que fue una práctica establecida desde la década de 1950. El escándalo provocó la caída del gobierno de Italia, la detención de un exprimer ministro japonés y una sacudida de la Casa Real de los Países Bajos. Solo en Japón la Lockheed pagó 22 millones de dólares en sobornos a altos funcionarios del gobierno de Kakuei Tanaka, quienes recibieron las coimas a cambio de que la aerolínea estatal japonesa comprara aviones Lockheed L-1011 TriStar. Esos sobornos se pagaron a principios de la Década cuando Tanaka era primer ministro. El escándalo lo agarró fuera del poder.
En lo que se denominó el “Bananagate”, la United Fruit Company pagó en el año 1975 un soborno de 2.5 millones de dólares al entonces presidente de Honduras general Oswaldo López Arellano. El soborno se pagó para que Honduras echara para atrás la medida de subir el impuesto que se aplicaría a cada caja de banano exportada. Esta iniciativa había sido el resultado de un esfuerzo concertado de los países exportadores de banano en América Latina, para enfrentar a la multinacional estadounidense que históricamente había sometido a los gobiernos de la región.
Los escándalos empresariales acompañaron a los escándalos políticos que sacudieron a Estados Unidos en la década de 1970, y los vientos reformistas traídos por la administración de Jimmy Carter crearon la oportunidad para la FCPA. En una revisión histórica de las condenas por incumplir la FCPA aparecen al menos dos casos panameños.
Boyas, faros y sobornos
El 19 de abril de 2010 fue condenado a 87 meses de prisión el ciudadano estadounidense Charles Paul Jumet por haber pagado sobornos, por unos 200 mil dólares, a tres altos funcionarios panameños en el periodo de 1997-2003.
Según la condena dictada por la Corte Federal del Este del Estado de Virginia, Jumet obtuvo un contrato directo para el mantenimiento de boyas y faros en un área próxima al Canal de Panamá. Para la realización de este contrato fueron despedidos los funcionarios técnicos de la entonces Autoridad Portuaria Nacional encargados de darle mantenimiento a esas boyas y faros, de forma tal que el servicio fuera necesario contratarlo por la incapacidad del Estado de prestar dicho mantenimiento.
El esquema de corrupción fue diseñado para que los ingresos que recibía la empresa de Jumet Ports Engineering Consulting Corporation (PECC) provenientes de los navíos que pagaban por el servicio de las boyas y faros fuera distribuido en un 90% para PECC y solo un 10% para el Estado panameño. Aunque no se identificaron por nombre a los funcionarios involucrados la condena señaló como servidores públicos panameños sobornados al director y subdirector de la Autoridad Portuaria Nacional y a un alto funcionario electo del Estado panameño. La condena de Jumet fue considerada la más dura jamás emitida en un caso de FCPA.
El 16 de diciembre de 2015 Vicente Eduardo García fue condenado a 22 meses de prisión por una Corte Federal del Norte de California por conspirar para sobornar a funcionarios panameños. García hizo un acuerdo de pena y colaboró con las autoridades de la Comisión de Valores de los Estados Unidos que también multó a la empresa alemana de software de gestión empresarial SAP por un monto de unos 3.9 millones de dólares.
De acuerdo con los hechos contenidos en la condena la empresa SAP tenía un ambicioso programa de ventas para Panamá que proyectaba alcanzar los 150 millones de dólares. Entre los años 2009 y 2013, SAP le vendió a Advanced Consulting Panamá licencias para que esta se las revendiera a la Caja de Seguro Social por un monto de 14.5 millones de dólares. Según su propio reconocimiento García pagó una coima de 145 mil dólares a funcionarios panameños. Adicionalmente la empresa revendedora tenía un impresionante margen de descuento del 82% del cual se debían hacer los pagos a los funcionarios sobornados.
De acuerdo con un boletín del FBI, García le pagó sobornos a tres altos funcionarios panameños identificados por las letras A-B-C. El funcionario A tenía muy altas responsabilidades por las políticas de tecnología del Estadio panameño. El funcionario B ocupaba un alto cargo en la Caja de Seguro Social, y el funcionario C, era un alto funcionario electo del gobierno de Panamá.
El mundo sin la FCPA
La decisión del presidente de los Estados Unidos Donald Trump de ordenar al Departamento de Justicia y a la Comisión de Valores que suspendan las investigaciones y la aplicación de la FCPA no puede llegar en un peor momento para el mundo.
Por una parte países como Brasil han tenido un deterioro significativo en la capacidad para perseguir y procesar a los delincuentes de cuello blanco, mientras que otros como China han incrementado su presencia en contrataciones públicas alrededor del mundo. Según el presidente Trump, la mejor justificación para suspender la aplicación de la FCPA es que las empresas estadounidenses no son competitivas en muchas licitaciones internacionales. La solución de Trump implica que Estados Unidos será parte del problema de la corrupción y no parte de la solución.
Los casos PECC y SAP llevaron a condenas y otras sanciones pecuniarias en Estados Unidos, sin embargo en Panamá hubo impunidad. Si se quita el grillete de la FCPA el resultado será más impunidad en Panamá y total indiferencia en Estados Unidos.
