La fiscal general de Cuentas, Waleska Hormechea, solicitó formalmente al contralor de la República, Gerardo Solís, que inicie una auditorías a los fondos que ha manejado la Autoridad Nacional de Descentralización (AND), luego del escándalo por el supuesto desvío de dinero a juntas comunales controladas por perredistas.
En una nota, la fiscal pide específicamente que haga el “examen correspondiente” con el objetivo de “determinar la corrección e incorrección de las operaciones en el manejo de los fondos o bienes públicos”.
La solicitud de Hormechea se produce luego de que un grupo de ciudadanos acudió a su despacho para presentar una denuncia por presuntas irregularidades en la transferencia de fondos a juntas comunales, sobre todo en tiempo de campaña política.
Se trata de la queja que presentaron el pasado 19 de junio el presidente del Movimiento Otro Camino (Moca), Ricardo Lombana, varios precandidatos presidenciales por la libre postulación e integrantes de la coalición Vamos.
Hoy un grupo de ciudadanos hemos acudido a la Fiscalia de Cuentas, en primer lugar, para denunciar y pedir un áudito sobre uso de fondos de descentralización paralela y, luego acudimos a Fiscalía Electoral a solicitarle información sobre investigaciones de delitos electorales. pic.twitter.com/hT4ZAaeX3i
— Ricardo Lombana (@RicardoLombanaG) June 19, 2023
“Presentamos esta denuncia, porque hemos interpretado que se pudo haber malgastado dinero del Estado en la descentralización paralela”, manifestó en su momento el abogado Ernesto Cedeño, quien fue parte del grupo que presentó la denuncia.
La solicitud de este grupo de ciudadanos se da luego que La Prensa dejó al descubierto que la AND ordenó pagos por más $202 millones a 473 de las 679 juntas comunales del país, por fuera del esquema establecido por la Ley 37 de 2009, que descentraliza la administración pública.
Días antes de que estallara el escándalo, la Contraloría respondió una carta al diputado independiente Juan Diego Vásquez, quien le consultó sobre los fondos que algunos gobiernos locales adicionales a los dos programas oficiales de la descentralización: el Programa de Inversión de Obras Públicas y Servicios Municipales (Piosm) y el Impuesto de Bien Inmueble (IBI), es decir los fondos de la descentralización paralela. La secretaria general de la institución, Zenia Vásquez, en la nota enviada a Vásquez, se limitó a decir que la institución “no tiene competencia o injerencia en la aprobación de la asignación de los fondos de los proyectos de iniciativas comunitarias y sociales que son presentadas por las diferentes junta comunales o municipios”.
Esta no es la única acción presentada por las posibles irregularidades en la entrega de fondos a juntas comunales en época preelectoral.
Cedeño también presentó una denuncia administrativa en la Procuraduría de la Administración, pero la misma no ha avanzado: cuando el procurador Rigoberto González envió una nota a la AND solicitando información sobre estos desembolsos, el director de la autoridad, Edward Mosley Ibarra, presentó un amparo de garantías constitucionales que paralizó las diligencias. Ese amparo, que no ha sido resuelto aún, está en el despacho de la magistrada ponente Ariadne García.
Otra denuncia, esta vez penal, fue presentada por Abdiel González, líder comunitario de Arraiján, contra el contralor Solís y el director Mosley Ibarra, así como contra el vicepresidente de la República y candidato presidencial del PRD, José Gabriel Carrizo, y el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander.
Carrizo fue ministro de la Presidencia hasta el 1 de febrero pasado. El ministro de la Presidencia (o quien él designe) preside la junta directiva de la AND.
