La Fiscalía General Electoral (FGE) investiga si los fondos de la descentralización paralela destinados a juntas comunales y municipios del país se usaron para proselitismo político.
La denuncia fue presentada por el abogado Ernesto Cedeño, quien asegura que los hechos denunciados por La Prensa y otros medios, sobre los millonarios fondos que transfirió la Autoridad Nacional de Descentralización (AND) a gobiernos locales controlados principalmente por influyentes diputados del oficialista Partido Revolucionario Democrático (PRD), y otros podrían configurarse en una conducta tipificada en el Código Electoral.
La norma electoral establece que se sancionará con pena de prisión de uno a tres años y la suspensión de los derechos políticos e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas, por igual tiempo al de la pena principal, a quienes “utilicen ilegítimamente los bienes y recursos del Estado, en beneficio o en contra de determinados precandidatos, candidatos o partidos políticos legalmente constituidos o en formación”.
Con base base a esto, la Fiscalía General Electoral, a cargo de Dilio Arcia, consideró “llevar a cabo cualquier acto de investigación, en aras de verificar la posible comisión del delito electoral”. Para ello designó a Sergio Santos,quien ejecutará todas las diligencias que ayuden al esclarecimiento de los hechos.
Además, solicitó al Ministerio de la Presidencia la copia autenticada de la resolución de nombramiento de Edward Mosley Ibarra, actual director de la Autoridad Nacional de la Descentralización, ente que orquestó la descentralización paralela, desviando más de $242 millones fuera de los parámetros que establece la Ley 39 de 2009, sobre descentralización pública, a gobiernos locales.
La FGE también abrió dos denuncias de oficio, sobre los fondos distribuidos con la descentralización paralela.
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Piden citar al Contralor a la Asamblea
En tanto, este miércoles 5 de julio, el abogado Cedeño presentó ante la secretaría general de la Asamblea Nacional una nota para que se cite al contralor general de la República, Gerardo Solís, alegando que este no está colaborando con la jurisdicción de cuentas.
El abogado aseguró que desde enero de 2020 a la fecha, la Fiscalía General de Cuentas ha recibido 37 denuncias, las cuales han sido remitidas a la Contraloría para que se hagan las investigaciones correspondientes, sin embargo, dicha entidad no ha emitido ninguna respuesta sobre las peticiones de la fiscalía.
