El presidente José Raúl Mulino descartó este jueves 8 de mayo cualquier posibilidad de diálogo en torno a la controvertida Ley 462 de 2025, que reformó la seguridad social del país.
En su conferencia semanal, el mandatario aseguró tajantemente que su gobierno no participará en ninguna mesa de discusión sobre la normativa sancionada el pasado 18 de marzo y reformó la normativa de la Caja de Seguro Social (CSS).
“¿Que voy a dialogar yo sobre el seguro? Nada”, respondió Mulino ante la pregunta de si estaría dispuesto a abrir un espacio de diálogo nacional sobre temas que aquejan a la población, incluida la ley de la CSS. Con tono firme, añadió: “Si quieren montar otro diálogo tipo Penonomé, con este gobierno no van a contar para eso”.
Mulino dejó claro que la Ley 462 es definitiva y no está sujeta a revisión: “No es negociable. La ley del seguro social está vigente y va a seguir vigente”, zanjó.
El jefe del Ejecutivo también reveló que, si bien la ley no fue redactada originalmente por su administración, su sanción se dio tras realizar las consultas pertinentes con organismos técnicos e internacionales. “La sancioné para estar tranquilo”, expresó.
El presidente advirtió que ha instruido a todo su gabinete a abstenerse de participar en cualquier iniciativa que busque reabrir el debate: “Esas conversaciones no les veo ningún sustento. Y créame que han habido actores oficiosos que lo que quieren es protagonismo. No va a pasar y lo digo tajantemente. Gracias”, concluyó.
La reforma
La Ley 462, aprobada con 48 votos en la Asamblea Nacional, introduce profundas modificaciones a la ley orgánica de la CSS. Entre los principales cambios figura la creación de un sistema de pensiones basado en cuentas individuales, nuevas reglas para las inversiones y la implementación de normas de gobernanza más estrictas.
Uno de los puntos más debatidos —el aumento en la edad de jubilación— fue excluido de la norma. Se mantienen los 57 años para mujeres y 62 para hombres. Sin embargo, el futuro de esta medida dependerá de los estudios actuariales que tres entidades externas, contratadas por la CSS, deberán realizar para evaluar la sostenibilidad del sistema.
