El terremoto del pasado 9 de octubre en Azuero puso a prueba la capacidad de respuesta del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) y evidenció los desafíos y las limitaciones que enfrenta una institución llamada a atender emergencias en todo el país.
Con aproximadamente 200 funcionarios, un presupuesto que durante los últimos 10 años ha rondado los $5 millones y carencias de equipos y vehículos en algunas provincias, la institución enfrenta el reto de atender desastres en todo el territorio nacional y, al mismo tiempo, prevenirlos.
La emergencia reabrió una discusión que no es nueva: las debilidades de una entidad cuya capacidad operativa resulta clave antes, durante y después de una catástrofe.
La falta de personal
La falta de personal y de recursos en el territorio fue una de las dificultades señaladas durante la atención del sismo. Miguel Batista, presidente de la Asociación de Alcaldes de Panamá y alcalde de Pedasí, sostiene que Sinaproc ha perdido fuerza con el paso de los años, tanto por la disminución de equipos como por la pérdida de voluntarios y el debilitamiento del respaldo institucional.
“El personal que tienen tiene el conocimiento, pero muchas veces no cuentan con las herramientas, no cuentan con los vehículos”, afirmó.
Una institución con recursos limitados: Sinaproc mantiene un presupuesto que ronda los $5 millones anuales, sin un crecimiento sostenido durante la última década.
Poco personal para atender emergencias: La institución cuenta con 198 funcionarios, de los cuales el 80% realiza labores operativas, además de 1,643 voluntarios.
Carencias en equipos y cobertura: La falta de vehículos, herramientas y personal limita la capacidad de respuesta en algunas provincias y comunidades.
El terremoto puso a prueba su capacidad operativa: Durante la emergencia en Azuero se evaluaron más de 17,000 viviendas y unas 55,000 personas resultaron afectadas. Más de 700 voluntarios fueron activados y la asistencia humanitaria concentró buena parte de las operaciones.
En Los Santos, esa situación se refleja en la distribución de los funcionarios. La provincia cuenta con cerca de 15 trabajadores y en Pedasí hay un solo miembro de Sinaproc, sin vehículo ni equipos terrestres o acuáticos para movilizarse.
Batista sostiene que la primera respuesta en varios puntos afectados provino de las autoridades locales, entre alcaldes y representantes, que tuvieron que apoyar el traslado de personal y las evaluaciones. Aunque reconoce la participación de otras entidades, considera que la falta de recursos de Sinaproc limita su capacidad para llegar a las comunidades alejadas y atenderlas oportunamente.
La realidad actual
La estructura nacional de la institución está compuesta por aproximadamente 198 funcionarios, según su director, Omar Smith. El 80% realiza labores operativas y el resto se dedica a funciones administrativas.
A esa plantilla se suma una red de 1,643 voluntarios. Durante la emergencia de Azuero, más de 700 fueron activados en las provincias y, en el momento de mayor despliegue, llegaron a estar activos alrededor de 1,200, de acuerdo con Smith.
En menos de un mes, Sinaproc reportó la evaluación de más de 17,000 viviendas y el registro de alrededor de 55,000 personas afectadas por el sismo. Las operaciones de búsqueda y rescate también formaron parte de la respuesta. Smith explicó que se realizaron tres intervenciones en estructuras colapsadas, incluida una en la iglesia de la zona.
Después, el esfuerzo principal se concentró en la distribución de asistencia humanitaria, las inspecciones y la coordinación con otras entidades para atender a las comunidades.
Presupuesto
El presupuesto ayuda a dimensionar el alcance de esas responsabilidades. En los últimos años, las asignaciones de Sinaproc han rondado los $5 millones anuales. Para 2026, la institución tenía un presupuesto modificado de $5.1 millones hasta julio.
Para 2027 solicitó $11.4 millones, pero el Ministerio de Economía y Finanzas recomendó asignarle $6.4 millones. La Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional propuso adicionar $4 millones, distribuidos entre funcionamiento e inversión.
Al revisar la última década, se observa que el presupuesto de Sinaproc se ha mantenido prácticamente estancado. En 2017 recibió $5.2 millones y en 2026 la asignación fue de $5.1 millones. El monto más bajo se registró en 2021, con $4 millones, y el más alto en 2023, con $5.68 millones. La tendencia muestra que, pese a los incrementos de algunos años, la institución no ha logrado consolidar un crecimiento presupuestario sostenido.
Además, estas cifras no contemplan el efecto de la inflación sobre su capacidad de compra. Ese comportamiento contrasta con las responsabilidades de Sinaproc, que quedaron expuestas durante el terremoto de Azuero, cuando tuvo que coordinar la atención de miles de viviendas y decenas de miles de afectados.
Respuesta a emergencias
Smith señaló que Sinaproc recibió $2.5 millones derivados de la emergencia de 2024. Estos recursos permitieron reforzar los procesos de rescate, la atención de inundaciones y la asistencia humanitaria. Aun así, reconoce que persisten necesidades de equipamiento, infraestructura y personal especializado.
Entre las prioridades mencionó mejorar las instalaciones de Los Santos, Veraguas y Bocas del Toro, además de fortalecer la profesionalización de los funcionarios.
El director coincide en que la institución necesita mejoras, pero advierte que la respuesta ante un desastre no puede recaer exclusivamente en Sinaproc. Explica que el Sistema Nacional de Protección Civil involucra a distintas entidades del Estado, que también deben desarrollar capacidades para actuar ante una emergencia.
La coordinación con el Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial y otras dependencias será fundamental durante la reconstrucción de las zonas afectadas.
Problema de vieja data
La necesidad de fortalecer la institución tampoco es reciente. Andy Adherbal De La Rosa, exdirector de Sinaproc, considera que las debilidades se arrastran desde hace décadas y que Panamá necesita una ley de gestión integral del riesgo de desastres.
Esa normativa, plantea, debería involucrar a las instituciones públicas, las organizaciones no gubernamentales y el sector privado, no solo en la atención de emergencias, sino también en la prevención.
En el ámbito local, Batista advierte que hacen falta planes distritales y provinciales para orientar a la población sobre cómo actuar ante fenómenos naturales y otras situaciones de riesgo.
También reclama programas de capacitación ciudadana y prevención en los centros educativos. La preparación, sostiene, no puede comenzar cuando ya ocurrió el desastre: debe formar parte del trabajo permanente de las autoridades y las comunidades.
“Tenemos el conocimiento, pero muchas veces no contamos con las herramientas ni con los vehículos para atender las emergencias y llegar a las comunidades”.
El terremoto de Azuero dejó al descubierto las grietas de una institución llamada a responder en todo el país. Mientras las comunidades se reconstruyen, queda otra tarea pendiente: preparar a Panamá para el próximo temblor. El trabajo de Sinaproc no termina cuando se reparen las casas, sino cuando el país esté mejor preparado para enfrentar otro sacudón.
