La mesa de diálogo que sesiona en Penonomé, Coclé, cumple hoy 15 de agosto, 25 días desde su instalación el 21 de julio a raíz de la crisis social que resultó en cierres de calles y paros a nivel nacional durante casi un mes.
El camino ha sido accidentado principalmente por la legitimidad de la mesa en tela de duda por la falta de participación de otros sectores. Pero se han llegado a acuerdos que el Ejecutivo intenta poner en práctica.
Se tiene previsto que esta semana se discuta corrupción y transparencia, último tema en la lista. El debate empezó el pasado sábado 13 de agosto, horas después que la Iglesia católica, en su papel de facilitadora, anunciara que con este tema se cerraba la primera fase del diálogo.
La Coalición por Panamá, un conjunto de organizaciones y movimientos anticorrupción, ha reiterado que el asunto debe tratarse de forma “transversal” con todos los actores de la sociedad. Piden formar parte de la discusión, pero no hay visos de que por ahora sean incluidos. El sábado las organizaciones sociales pidieron la presencia de representantes del Órgano Judicial y del Órgano Legislativo para tratar los temas relativos a corrupción, pero los facilitadores reiteraron que durante esta etapa el debate es entre el Ejecutivo y las tres organizaciones sentadas en la mesa.
Desde su instalación, representantes del Ejecutivo y de estas organizaciones han llegado a consensos sobre distintos temas como canasta básica, combustible, educación y medicamentos. En su mayoría se han puesto en marcha programas de subsidios temporales que buscan apaciguar el aumento del costo de la vida. Las medidas han sido criticadas de “populistas” por otros grupos organizados, que aseguran no abordan la raíz del problema.
En la sesión de ayer domingo 14 de agosto, la mesa abordó algunos aspectos pendientes del alto costo de la energía eléctrica. Al cierre de la sesión, y después de cuatro horas, no se llegó a ningún consenso y se decretó otro receso.
Saúl Méndez, dirigente del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción y Similares, dijo que “no hay voluntad del gobierno de querer llegar a un acuerdo para bajar las tarifas”.
Por su parte, el viceministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Roger Tejada, quien forma parte del equipo negociador del Ejecutivo, manifestó que pusieron varias propuestas en mesa en cuanto a calidad y servicio de la energía eléctrica y que tenían disposición para llegar a acuerdos.
Las organizaciones sociales en la mesa consideraron que se había “agotado el debate” y al no llegar a un acuerdo que resultara en la rebaja de las tarifas, el punto en el agenda debía marcarse como un disenso. Se tiene previsto retomar la discusión el próximo miércoles 17 de agosto a las 6:00 p.m. Pero ese día hablarán del combate a la corrupción.
El arzobispo de Panamá, José Domingo Ulloa, dijo ayer domingo que se debe culminar con la agenda consensuada para así pasar a conversaciones específicas “donde todos los que deseen puedan participar, contribuir y hacer posible el Panamá que todos queremos”.
La Iglesia ha asegurado que una vez culminada la primera fase se instalarán mesas temáticas para dar seguimiento a los acuerdos. Aún no se tiene fecha para dicha instalación ni se conoce la metodología. Tampoco se sabe quién sería el facilitador, ya que la Iglesia comunicó que estaría, pero con un papel de acompañante.
