El secuestro por $1.13 millones en activos de Corporación La Prensa, S.A. (Corprensa) y la detención en Guatemala de dos hijos del expresidente Ricardo Martinelli Berrocal (2009-2014), son eventos que “destacan la fragilidad de la democracia en Panamá”, advirtió Mary O’Grady, columnista del diario Wall Street Journal (WSJ), especialista en temas latinoamericanos.
Hace una semana, el lunes 6 de julio, Corprensa presentó una fianza para levantar el secuestro que la juez civil Lina Castro De León ordenó a favor del expresidente Ernesto Pérez Balladares (1994-1999), en medio de una demanda que éste presentó hace ocho años, en la que reclama $5.5 millones a la corporación, por supuesto daño moral. Ese mismo día, en Guatemala, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares fueron detenidos a solicitud del Departamento de Justicia de Estados Unidos, que los reclama por presunta conspiración para lavar dinero de Odebrecht.
“Los dos acontecimientos destacan la fragilidad de la joven democracia panameña, algo que es más contundente cuando se trata de corrupción”, indicó O’Grady en su columna.
Si los hermanos Martinelli Linares hubiesen llegado a Panamá desde Guatemala -como era su intención-, es poco probable que enfrentaran las acusaciones en Estados Unidos, ya que la Constitución panameña prohíbe la extradición de sus nacionales. “Su destino estaría en las manos de los mismos tribunales que ahora están ayudando a silenciar a La Prensa”, agregó.
Resaltó que la acción contra Corprensa es vista como “un atentado sin precedentes contra la libertad de prensa en esa nación”. La medida de secuestro está vigente todavía, puesto que la juez Castro De León negó la fianza que presentó Corprensa, que edita los periódicos La Prensa y Mi Diario.
“Las amenazas a las instituciones democráticas de este pequeño país tropical, de apenas 4.2 millones de habitantes, pasarían desapercibidas”, si no fuera por la tremenda importancia que para el tráfico marítimo mundial tiene la ruta interoceánica y el impacto que la política tiene sobre su viabilidad, sostiene la columnista.
Panama’s Free Press Under Siege - WSJ https://t.co/hnenS0LofI
— MaryAnastasiaO'Grady (@MaryAnastasiaOG) July 12, 2020
En cuanto a los Martinelli, las fiscales anticorrupción del caso Odebrecht han citado a indagatoria al expresidente en dos oportunidades; en vez de acudir, se excusó utilizando un certificado médico expedido por un cardiólogo. En adición, insiste en no comparecer a otros procesos en su contra, amparado en los términos de su extradición de Estados Unidos de 2018, que alega lo protegen de ser procesado por casos distintos a aquel por el que fue entregado a Panamá: el de los pinchazos.
Sus hijos también están llamados por este proceso, pero nunca han comparecido. Desde el año 2015, han estado viviendo en Florida, donde fueron capturados en noviembre de 2018, por agentes migratorios. Entonces se dijo que, aunque habían ingresado legalmente al país, ya no tenían visa para permanecer en Estados Unidos. Estuvieron 14 días detenidos en un albergue migratorio, donde un juez les concedió fianza de $1 millón a cada uno. Desde entonces -según O’Grady- estarían colaborando con las autoridades estadounidenses en la investigación de Odebrecht, hasta a finales del mes pasado, se fueron de ese país.
Lea aquí la columna de Mary O'Grady, del diario WSJ
El Departamento de Estado estadounidense contradijo a Martinelli Berrocal por escrito, en una nota a la Procuraduría General de la Nación, en la que señaló que Panamá no necesita su aval para procesar al exmandatario por otros casos. “El expresidente, que pretende correr nuevamente en las elecciones de 2024, ha sostenido que las acusaciones son ataques políticos en su contra”, señala O’Grady.
Martinelli, que cuenta ya innumerables demandas contra La Prensa por sus investigaciones sobre actos de corrupción, amenazó mediante un tuit el 30 de junio que él podría demandar al diario y congelar sus activos. Cinco días después, Perez Balladares, cuyo proceso por difamación contra La Prensa “había dormido en la pila de expedientes del juzgado por ocho años, logró que un juez le otorgara precisamente eso”.
“Esto, dudosamente, es una coincidencia”, remarcó O’Grady.
