El proyecto de ley No. 27, que modifica el Código Penal y el Código Procesal Penal en lo referente a la legítima defensa, será discutido en primer debate en la Comisión de Gobierno de la Asamblea Nacional.
La iniciativa presentada por el diputado de Cambio Democrático, Rony Araúz, modifica el artículo 32 del Código Penal así: “no comete delito quien actúe en legítima defensa de su persona, de sus derechos, de sus bienes; o de un tercero o sus bienes siempre que las circunstancias así lo requieran sin distinción de lugar”.
Además plantea cambios al artículo 233-A del Código Procesal Penal para que las personas que actúen en legítima defensa no podrán ser aprendidos; sin que ello impida a que posteriormente se aplique lo establecido en el artículo 235 de dicha norma.
“La preocupación de la comunidad sigue latente porque si usted se defiende de un malhechor, luego tiene que contratar a un abogado para que lo defienda y eso no puede ser”, dijo el diputado Araúz.
Por su parte, el presidente de la Asociación Panameña de Propietarios de Armas (APPA), Isaac Brawerman, defendió las reformas y manifestó que con ellas se busca reforzar la legítima defensa privilegiada, que es la que se ejerce en el domicilio para ampliarla hasta el lugar de trabajo y vehículo, donde según opinó, los ciudadanos pasan la mayoría del tiempo.
“Si se defiende en cualquiera de esos tres lugares se le aplicaría una prerrogativa de que no sea aprehendido. Ya se han dado casos donde las personas que se defienden quedan pagando o indemnizando al delincuente cosa que es inconcebible. No entendemos como un fiscal del Ministerio Público puede perseguir a una víctima, así sea lo que haya sucedido”, planteó.
La defensa es legítima cuando exista una agresión injusta, actual o inminente de la que resulte o pudiera resultar afectados por el hecho, por la utilización de un medio racional para impedir o repelar la agresión; y falta de provocación suficiente por parte de quien se defiende o es defendido; se presume que actúa en legítima defensa quien repele al que, contra la voluntad expresa o presunta de quien tenga derecho a excluirlo, ha ingresado o intente ingresar a residencia, morada, casa habitación, vehículo o lugar de trabajo.
La subcomisión acordó pasar la propuesta a primer debate de la Comisión de Gobierno, y solicitar la opinión y su presencia del nuevo procurador de la Nación, Eduardo Ulloa, en el debate de dicha iniciativa.
En su momento, la exprocuradora Kenia Porcell, contó el diputado Araúz, se opuso al proyecto mediante nota. Sustentó que iba en contra de que los fiscales implementaran las normas.
