Las nuevas excepciones a la Ley de Contrataciones Públicas, que amplían la discrecionalidad para los contratos de hasta un millón de dólares, reducen los controles para evitar la corrupción en el manejo de los fondos públicos. Así lo advirtió la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, capítulo panameño de Transparencia Internacional.
En un comunicado, Libertad Ciudadana denunció que la disposición incluida en la ley del Presupuesto General del Estado para 2027 reduce los controles precisamente en áreas donde la experiencia panameña e internacional ha demostrado mayores riesgos de corrupción, especialmente bajo argumentos de urgencia o emergencias, como es el caso de las tareas que debe acometer el país tras el terremoto del 9 de octubre pasado.
La organización indicó que la preocupación es aún mayor porque esta decisión coincide con la persistente falta de mecanismos efectivos para verificar quiénes son los verdaderos dueños de las empresas que reciben contratos públicos.
“Resulta profundamente contradictorio que, apenas dos días antes, se promulgara un decreto destinado a fortalecer la prevención de conflictos de interés, exigir declaraciones de intereses a contratistas y permitir mayores verificaciones por parte de la ANTAI, mientras simultáneamente se facilita un esquema que debilita los controles preventivos en contratación pública”, resalta en su comunicado Libertad Ciudadana.
De igual manera, recordó que la experiencia en numerosos procesos de reconstrucción y emergencia alrededor del mundo demuestra que la combinación de discrecionalidad, opacidad y ausencia de controles efectivos, crea condiciones propicias para abusos, conflictos de interés, tráfico de influencias y, por supuesto, corrupción.
Libertad Ciudadana planteó que, ante una improbable objeción del Ejecutivo, urgen procesos de veeduría ciudadana para evitar los abusos que pudieran cometerse al amparo de esta reforma.
Durante la discusión en segundo debate del proyecto de presupuesto en la Asamblea, los diputados Benicio Robinson (PRD), Manuel Cohen (CD) y Luis Eduardo Camacho (RM) propusieron reformar el artículo 370 del proyecto para ampliar la lista de entidades que pueden contratar hasta $1 millón sin aplicar la Ley 22 de 2006 de contrataciones públicas.
La lista incluye a instituciones públicas “tales como” los ministerios de Educación, Obras Públicas y Gobierno. De esta manera podrán adquirir servicios técnicos, repuestos y equipos por situaciones fortuitas o de urgencia, o por razones de interés público que requieran atención prioritaria.
