En Panamá, el ejercicio de las libertades de expresión y de prensa mantiene serias amenazas, debido a las dificultades para acceder a fuentes oficiales, la distribución desigual de la publicidad estatal, iniciativas legislativas restrictivas y la persistencia de procesos judiciales y de las calificaciones de una embajada por el conflicto ruso-ucraniano.
Así está en el informe presentado sobre Panamá y aprobado ante la Asamblea General de Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que se realiza en Bogotá, Colombia.
Uno de los aspectos que indica el informe es la reacción que tuvo la Embajada de Rusia en Panamá frente a la investigación del diario La Prensa titulada “Dante en Ucrania”, sobre un panameño incorporado a las fuerzas rusas.
La embajada rusa calificó la publicación de “propaganda occidental” y “menú de mentiras”. Posteriormente, el embajador Konstantin Gavrilov cuestionó los estándares del medio tildando la investigación de “fantasías”, “absurdidades” y “medias verdades”.
“Las instituciones tienen derecho a responder y controvertir informaciones periodísticas; sin embargo, las respuestas institucionales deben coexistir con el respeto a la independencia editorial y al ejercicio del periodismo”, enfatiza el informe de Panamá.
Por otro lado, medios con líneas editoriales críticas han denunciado un bloqueo para acceder a fuentes de alto rango e instrucciones a funcionarios para no hablar con sus periodistas.
Puede descargar el informe en entre enlace:
Sumado a eso, resalta el informe, diarios de alta circulación como La Prensa y La Estrella de Panamá denunciaron que el gobierno central discrimina en la asignación de pauta oficial, destinando la mayor parte de estos recursos a medios afines a su gestión.
En materia de leyes, se advierte sobre tres proyectos que generan preocupación: la reforma al Código Electoral (artículo 539) que sanciona de forma ambigua la “manipulación masiva” en medios digitales con prisión. Además, el proyecto de ley sobre el derecho de réplica, que pretende convertir la autorregulación ética en una norma penalizada judicialmente. Y el anteproyecto de Ley 51, que busca modificar el Código Penal respecto a contenidos falsos generados por inteligencia artificial (deepfakes), pudiendo ser usado para limitar la fiscalización pública.
El informe de Panamá alerta sobre que permanece la figura legal que permite ordenar el secuestro de activos de medios y periodistas en demandas civiles por calumnia e injuria antes de la etapa probatoria.
Asimismo, se recordaron los procesos acumulados contra Corporación La Prensa (Corprensa): el grupo enfrenta 12 procesos (civiles y penales) que suman reclamos por unos $12.5 millones.
De igual forma, publicaciones de La Estrella de Panamá en Instagram fueron denunciadas por presuntas infracciones de derechos de autor mediante mecanismos de reporte que limitan y restringen la circulación de contenidos periodísticos.
Las amenazas y el espionaje también son denunciados en el informe: “Se documentó el uso de agentes encubiertos de la Policía Nacional para perfilamiento e inteligencia dentro de organizaciones sociales, lo que genera un efecto inhibitorio sobre periodistas y sus fuentes. La periodista Flor Mizrachi recibió amenazas de agresión física por parte de la exdiputada Katleen Levy durante la transmisión de un pódcast”.
La asamblea general de la SIP, que reúne a más de 70 periodistas, directivos de medios y especialistas de la industria de medios de América y España, culmina este domingo.
En el encuentro regional, se analizan los desafíos del periodismo actual y los cambios que transforman la industria informativa.
