Sin licitar, contratan agencia de viaje

Sin licitar, contratan agencia de viaje
Sin licitar, contratan agencia de viaje

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) contrató de forma directa a la empresa Viajes España, S.A. –cuya presidenta es Amparo Ruiz de Arrocha, madre del vicecanciller Melitón Arrocha– por un monto de 200 mil dólares para brindar el servicio de adquisición de boletos aéreos.

La vigencia del contrato es de cinco meses: del 1 de agosto hasta el 31 de diciembre de 2010. La empresa debe proporcionar boletos aéreos nacionales e internacionales, preparar los itinerarios, realizar las cotizaciones de los pasajes, así como las reservaciones en hoteles nacionales y en el exterior.

Documentos del MEF defienden la contratación de Viajes España –que tiene como secretario a Melitón Arrocha, cuya renuncia a la Cancillería se hará efectiva el 30 de septiembre– al alegar que “ha demostrado su amplia trayectoria en la industria turística a nivel nacional e internacional, así como sus constantes prestaciones de servicios a esta institución”.

Sostiene, además, que la empresa ha ofrecido facilidades de crédito “depositando la confianza en el Ministerio, sin importar el tiempo que demore la institución en reembolsarle su dinero”.

Voceros del MEF justificaron la contratación, alegando que los funcionarios necesitan viajar para participar en diversas reuniones, como por ejemplo en “negociaciones de doble tributación”.

El contrato fue dividido así: 15 mil dólares para viajes nacionales (incluye traslados del aeropuerto al hotel y giras turísticas a delegaciones internacionales), 95 mil dólares para funcionarios del MEF en viajes al exterior y 95 mil dólares para que otros funcionarios –como miembros de equipos negociadores o consultores externos– viajen al exterior como embajadores plenipotenciarios en clase ejecutiva.

La contratación fue realizada en base al artículo 56 de la Ley 22 de Contrataciones Públicas, que destaca que no será necesario el proceso de selección de contratistas cuando no haya oferente o cuando, según un informe técnico oficial, no haya sustituto adecuado.

El año pasado, el ministro de Economía y Finanzas, Alberto Vallarino, impulsó reformas alegando la necesidad de evitar las contrataciones directas.


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