La propuesta para que se incluya una quinta papeleta en las elecciones generales de 2024, con el propósito de que los ciudadanos voten a favor o en contra de llamar a una constituyente, podría morir en su cuna.
La iniciativa fue presentada el pasado martes 8 de agosto, en la Dirección de Participación Ciudadana de la Asamblea Nacional, por el Movimiento Pro Quinta Papeleta y Ciudadanos Unidos Por la Constituyente, que tiene entre sus impulsores al abogado y catedrático Miguel Antonio Bernal.
El movimiento propone que en las elecciones del 5 de mayo de 2024 se incluya una quinta papeleta donde se le pregunte a los ciudadanos: ¿quieres una Constitución Política mediante una Asamblea Nacional Constituyente y una vez aprobada sea sometida a un referéndum nacional?
Además, detalla cómo sería el proceso de ganar el sí. Establece que el presidente electo, dentro de los cinco días hábiles a su toma de posesión, deberá designar a tres juristas de reconocida trayectoria académica en derecho constitucional, de una lista de 10 personas seleccionadas por las universidades oficiales, para que dentro de los seis días siguientes redacten el anteproyecto de constitución que servirá de estudio, consideración y discusión de los constituyentes.
Añade, además que dichos académicos actuarán con el apoyo del Estado por intermedio del Ministerio de la Presidencia, el cual deberá dotarlos de las facilidades técnicas, terminado el documento, el presidente deberá entregarlo a la Asamblea Constituyente el primer día de sesiones.
‘No veo ninguna viabilidad’
Sin embargo, la iniciativa no tendría futuro en el Legislativo. Primero, debe pasar la etapa preliminar (que cumpla los requisitos de una propuesta de ley), luego debe ser enviada a la Comisión de Gobierno, que dirige el diputado perredista Leandro Ávila.
Precisamente, este medio le consultó al diputado Ávila sobre la viabilidad de esta propuesta y contestó lo siguiente: “no veo ninguna viabilidad”.
Varios gobiernos han prometido una reforma constitucional, pero no lo han cumplido. Es el caso del gobierno de Juan Carlos Varela (2014-2019) y de Laurentino Cortizo (2019-2024).
La Constitución en sus artículos 313 y 314, deja claro, las dos formas como se puede modificar dicha norma. Se puede hacer a través de un acto constitucional aprobado en tres debates por la mayoría absoluta de los miembros de la Asamblea Nacional, el cual debe ser publicado en la Gaceta Oficial y transmitido por el Órgano Ejecutivo a dicha Asamblea, dentro de los primeros cinco días de las sesiones ordinarias siguientes a la instalación de la Asamblea Nacional electa en las últimas elecciones generales, a efecto de que en su primera legislatura sea debatido y aprobado sin modificación, en un solo debate, por la mayoría absoluta de los miembros que la integran.
También se podrá reformar mediante una constituyente paralela.
De 2021, a la fecha, se han dado al menos cinco intentos de convocar una constituyente paralela en el país, sin mayor éxito. La última de estas iniciativas impulsada por el grupo “Juntos por Panamá” fue archivada en julio pasado por el Tribunal Electoral, pues no logró, en los seis meses establecidos, concretar las firmas requeridas. (Boletín Electoral 5401-C).
