Este verano, el buen tiempo no solo acariciará al suelo panameño, también el nuevo sol despierta las esperanzas de los consumidores.
Después de varios años en que la decepción y la lluvia de críticas acosaron a la Comisión de Libre Competencia y Asuntos del Consumidor (Clicac), el Gobierno anunció que en los dos próximos meses se va a reformar su ley orgánica, la No. 29, promulgada también en el verano, en el mes de febrero de 1996.
Aunque la Asamblea Nacional aprobó que la reforma se iba hacer mediante un decreto ley, su responsable, el ministro de Comercio e Industrias, Alejandro Ferrer, aseguró que será un proceso "participativo", en el cual se invitará a todos los interesados a una audiencia pública.
CAMBIOS
Con los cambios a la legislación se espera que la institución sea más eficiente en la protección de los derechos de los consumidores y en la promoción de la libre competencia.
Por ejemplo, ya no será necesario que tres comisionados se reúnan en un "pleno" para analizar los diferentes temas y tomar las decisiones en "consenso" como cuerpo colegiado.
Ahora, un solo funcionario, en el cargo de director o superintendente, tendrá el peso de esa responsabilidad, con lo cual se quiere ganar en agilidad y rapidez.
La reforma también apuntaría a desenredar la madeja legal que envuelve a la institución al no poder dar una resolución inmediata a los consumidores que sufren problemas en la compra de bienes, cuyo valor sea mayor de los 500 dólares.
Para ello se necesita que la futura institución que reemplace a la Clicac pueda ejercer un poder coercitivo y ordenar la devolución de dinero o el cambio de un artículo.
Hoy, la entidad puede sancionar por 10 mil dólares a aquellos comerciantes que abusan de los consumidores y hasta penalizar por 100 mil dólares a las empresas que se ponen de acuerdo en fijar precios a sus clientes.
De acuerdo con el abogado especialista en la materia Pedro Luis Prado, hoy es más barato pagar las multas que corregir las distorsiones de relaciones de consumo.
En un proyecto de ley que redactaron los propios comisionados Gustavo Paredes, César Constantino y Melitón Arrocha, se dispone que las multas sean hasta cinco millones de dólares, según la gravedad del hecho.
El combate contra los grupos monopolísticos se reforzaría también a través de procesos judiciales más rápidos y de la creación de estímulos a aquellas empresas que colaboren en estos casos.
Pese a que la Clicac ha investigado y demandado a varios grupos empresariales por acuerdos ilegales que perjudican al consumidor, en nueve años solo ha podido imponer una multa de 600 mil dólares a seis empresas que cometieron prácticas monopolísticas absolutas en la venta de carne de res.
En marzo, se espera que los consumidores cuenten con la nueva ley, que normará la estructura de una entidad que cuenta actualmente con 246 funcionarios.
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