En Panamá, un mandato presidencial completo tiene 1,827 días, es decir cinco años. De ese término ya han transcurrido los primeros tres años del intenso mandato del presidente Laurentino Cortizo Cohen.
El empresario y político se ha enfrentado al más complejo desafío que presidente alguno ha tenido en los últimos 30 años. La historia panameña registrará a Cortizo como el mandatario de la pandemia de covid-19. Esa caracterización deja por fuera un fenómeno tan importante como la pandemia: el de la captura del Estado por la bancada mayoritaria del partido gobernante, el Revolucionario Democrático (PRD).
Un virus y varias despedidas
Atrás, muy atrás, queda el recuerdo del primer semestre del mandato presidencial, cuando un novato vicepresidente de la República, José Gabriel Gaby Carrizo, era la cara de una administración que se proyectaba ambiciosa, dinámica y muy profesional. La primera gran víctima fue el paquete de reformas constitucionales, que a su llegada a la Asamblea Nacional fue descuartizado y convertido en la lista navideña de los diputados. A pesar de las protestas ciudadanas, las reformas perecieron en el olvido.
El gobierno de Cortizo también se ha caracterizado por el hermetismo sobre la salida de tantos miembros del Gabinete. Los primeros, a principios de 2020, fueron los ministros de Seguridad Pública, Rolando Mirones, y de Gobierno, Carlos Romero, luego de una terrible matanza penitenciaria y de la fuga de una cárcel del asesino múltiple Gilberto Ventura Ceballos.
Más tarde, el 24 de junio de 2020, tres ministras fueron remplazadas: Markova Concepción, de Desarrollo Social (Mides); Inés Samudio, de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), y Rosario Turner, de Salud.
El 2 de diciembre de ese mismo año, se fue el canciller Alejandro Ferrer. El 1 de marzo de 2021, renunció el procurador General de la Nación, Eduardo Ulloa, quien había remplazado, 13 meses antes, a Kenia Porcell. Todos estos funcionarios se fueron sin explicaciones de fondo.
La estrategia de Cortizo ante la pandemia se manchó de arbitrariedad con decisiones en las que un día se permitía salir a las mujeres y otro a los hombres, toques de queda y, sobre todo, el colapso de la economía. Paralelamente, los escándalos de presunta corrupción del hospital modular de Albrook, la compra de ventiladores, el viaje de miembros de la junta directiva de la Caja del Seguro Social a México, y los festines que los allegados al poder hacían en Jimmy’s, La Fragata y otros sitios, le robaron legitimidad a la acción del gobierno. La lucha contra la covid-19 se transformó en una excusa para justificar un estado de emergencia con altos poderes presupuestarios y mucha opacidad.
La agenda perdida
El candidato Laurentino Cortizo hizo un conjunto de promesas electorales denominadas “el buen gobierno”, que en tres años de mandato no se han caracterizado como tales. Aunque ahora existe el más pleno ejercicio de las libertades ciudadanas y los críticos del gobierno no temen a los cobradores de impuestos o a los auditores de la seguridad social, sí ha aumentado la desconfianza hacia un gobierno que no tiene voceros y que muy poco se comunica con la población, salvo en acartonadas cuñas estatales.
La administración de Cortizo se empantanó en mesas de diálogos, comisiones y negociaciones de alto nivel, que, en gran medida, no han dado resultados. La estrella de la educación se quedó sin brillo luego de dos años de cierre de las escuelas. El Diálogo del Bicentenario se mantiene a la espera de una ley y de una institucionalidad dispuesta a cumplir con lo pactado.
La crisis de las pensiones de la Caja de Seguro Social (CSS) se quedó huérfana de capital político, porque los diputados del PRD no están dispuestos a sacrificar sus votos para salvar al país.
En el mandato de Cortizo no se han iniciado nuevos megaproyectos. La terminal 2 de Tocumen y la Ciudad Hospitalaria, son contratos heredados (con todos sus defectos) del gobierno de Ricardo Martinelli (2009-2014); la Tercera Línea del Metro y el cada vez más distante cuarto puente sobre el Canal son el legado de la administración de Juan Carlos Varela (2014-2019). La marca de Cortizo no está en el cemento, si no en otra parte, con una deuda pública que se encamina a los $43 mil millones y una planilla estatal más grande y costosa que nunca, pese al supuesto llamado de contención del gasto. La exitosa campaña de vacunación contra la covid-19 salvó miles de vidas y puso al país de pie nuevamente.
La designación (previo concurso) de cuatro magistradas y de un magistrado a la Corte Suprema de Justicia, junto con la asignación de fondos para implementar la carrera judicial, le dan esperanza a este país.
Es en el ámbito internacional donde Cortizo ha imprimido su mayor huella: enfriando la relación con China continental y alineando a Panamá con Estados Unidos, no en un plano de sumisión, si no en una aparente relación mutuamente conveniente.
Panamá prácticamente salió del Grupo de Lima, que reconocía a un gobierno alternativo ante el dictador venezolano Nicolás Maduro. Junto con Costa Rica y República Dominicana, conformó una alianza a favor de la democracia, de tres países pequeños con gobiernos de centro derecha, en una región dominada por la izquierda.
También se le ha dado una mayor relevancia a la lucha contra el narcotráfico, a costa de una mayor militarización del país.
Ahora, Cortizo debe culminar el estado de emergencia sanitaria, mientras se sigue atendiendo a la covid-19.
Cortizo, de 69 años de edad, también debe atender su salud como tarea prioritaria, ya que la salud del país seguramente empeoraría sin su presencia en el Palacio de las Garzas. Si los próximos dos años se logra una tregua con la bancada del PRD y se mantiene el respeto por las libertades civiles y los críticos del gobierno, Panamá llegará a mayo del 2024 para enfrentar a su destino.
