La Asamblea Nacional se ha distinguido por destinar sumas millonarias al pago de planilla a cientos de funcionarios, muchos de los cuales ocupan sus cargos gracias al respaldo de padrinos políticos.
Este fenómeno ha generado críticas por su falta de transparencia y por el elevado número de empleados que, según denuncias, podrían estar allí más por conexiones que por méritos. A pesar de los reclamos de diversos sectores que exigen mayor control en la contratación pública, la práctica de asignar puestos estratégicos bajo la influencia de figuras políticas sigue siendo una constante en el Legislativo.
Con la llegada de Dana Castañeda a la presidencia de la Asamblea Nacional, dicho escenario no ha cambiado mucho. Según datos de la Contraloría General de la República, la planilla del legislativo representa un gasto mensual de $6.8 millones, una cifra elevada que cubre el salario de 3,724 funcionarios, tanto eventuales como permanentes.
Además de los 71 diputados, quienes reciben ingresos mensuales de $7,000 entre salario, dietas y gastos de representación, en la Asamblea Nacional también figuran otros funcionarios con sueldos considerables. De acuerdo con información de la Contraloría General de la República, varios de estos empleados ingresaron entre julio y agosto, coincidiendo con el inicio del nuevo periodo legislativo.
Los cinco mejor pagados
Entre los funcionarios del legislativo, cinco destacan por sus elevados salarios, que oscilan entre $5,500 y $7,000 al mes, incluyendo sueldo y gastos de representación. María Fernández, directora de Administración y Finanzas, lidera este grupo con un ingreso mensual de $7,000. A su lado se encuentran Ceila Peñalba, directora de Asesoría Legal Parlamentaria, y Madeline de Icaza, directora de la Asesoría Legal y Técnica de Comisiones, ambos con salarios de $6,500.
De acuerdo con el informe de la Contraloría, las tres funcionarias con los salarios más altos son eventuales y se incorporaron a la Asamblea Nacional después de que Castañeda asumiera la presidencia del órgano legislativo.
También en la lista aparecen Carlos Jaime, director de Asesoría en Asuntos Plenarios, y Darinel Espino, asesor técnico especializado, quienes se destacan por sus ingresos mensuales de $5,500 cada uno. Ambos, que figuran como empleados permanentes en la nómina de la Asamblea, fueron incorporados en 2019.
Algunos de estos nombres ya son conocidos. Tal es el caso de Peñalba, exsecretaria general del Tribunal Electoral y una de las abogadas que en el quinquenio pasado defendió a los diputados disidentes de Cambio Democrático (CD), grupo comandado por la exdiputada Yanibel Ábrego.
También destaca el apellido de Icaza, quien es hija del exdiputado Aris de Icaza, y, por otra parte, Espino está ligado al Partido Revolucionario Democrático (PRD).
El club de los $5,000
En la Asamblea, existe un grupo de 70 funcionarios que percibe un salario mensual de $5,000, lo que los sitúa en una categoría salarial notable. Este grupo incluye una variedad de cargos, tales como asistentes administrativos, asesores, secretarias ejecutivas y el jefe de planilla, entre otros.
En la lista se destacan varias figuras con roles relevantes y conexiones políticas. Alaín Cedeño hijo, quien figura como asesor, también ejerce como representante del corregimiento de Las Garzas en el distrito de Panamá por el partido Realizando Metas.
En esa misma línea, Carlos Alvarado ocupa el cargo de secretario del legislativo, un puesto clave en la administración de la Asamblea. Además, Hussein Pitty, presidente del Frente de la Juventud del PRD, se suma a este grupo de funcionarios, lo que subraya la intersección entre la política y la administración legislativa.
Dentro del grupo de funcionarios que perciben un salario mensual de $5,000 en la Asamblea Nacional se encuentra Jessica Canto, quien ocupa el cargo de asesora II. Canto es conocida por su estrecha amistad con la diputada Shirley Castañeda, del partido Realizando Metas, y presidenta de la Comisión de Credenciales de la Asamblea.
El debate
El exdiputado Juan Diego Vásquez ha seguido de cerca este tema y plantea que la jefa de este poder del Estado, Dana Castañeda, “no puede desmontar un sistema al que ella pertenece”. Cuestionó la opacidad de las planillas legislativas.
Así lo define Vásquez: “Ella decía que de los más de 3,000 empleados, repito, más de 3,000 empleados que tiene la Asamblea, había encontrado 300 botellas, lo que es una mentira, porque yo, que estuve 5 años allí, en esa Asamblea no trabajan más de 500 personas que hacen una labor. Hay mucha gente honesta que trabaja allí, pero lamentablemente no son la mayoría”, sostuvo.
Castañeda, por su parte, ha dicho que han desvinculado de la entidad a entre 300 y 400 funcionarios.
