La Ley 355 del 31 de enero del 2023, “que reforma la Ley 42 de 2011, que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional”, es el intento más reciente para reactivar al sector de los biocombustibles en Panamá.
Como en muchos otros temas, Panamá llegó tarde a los biocombustibles, que son ampliamente utilizados en unos 40 países del mundo. La experiencia de Campos de Pesé, S.A., hace una década atrás, pasmó a la industria y retrasó la incorporación de los biocombustibles en la vida nacional.
Como referencia, es necesario entender que un biocombustible es un producto renovable a partir de procesos orgánicos de masa vegetal o animal, que se puede transformar en un combustible que, por sí mismo o en combinación con otros, puede generar energía o alimentar un motor para la movilidad humana u otra actividad. La Ley 355 se enfoca en tres biocombustibles: el etanol, el biodiésel y el biogás.
El sueño del etanol
La mezcla de gasolina con algún grado de etanol es una innovación de vieja data. El etanol aumenta el octanaje de la gasolina, la hace menos contaminante y, en principio, más barata. El etanol se puede producir a partir de la melaza de la caña de azúcar o en base al maíz. Según un análisis de la Universidad de Costa Rica, la gasolina mezclada con un 5% de etanol no requiere una adecuación en el motor de los vehículos. Una mezcla superior al 5% puede afectar los carburadores de aquellos automóviles que todavía los tengan. Sin embargo, Brasil ha podido implementar el uso de gasolina con hasta un 25% de etanol, con pequeñas adecuaciones.
La Ley 355 de 2023 dice en su artículo 2, que modifica al artículo 14 de la Ley 42 de 2011, que a partir del 1 de abril del 2024, todas las gasolinas que se vendan en los distritos de Panamá, San Miguelito, Arraiján y La Chorrera tendrán un 5% de etanol. Luego, el 1 de septiembre del 2024, este requisito será a nivel nacional.
Al 1 de abril de 2025, la cantidad de etanol será de 7% en todas la gasolinas a nivel nacional y, a partir del 1 de abril del 2026, la mezcla será de 10% de etanol y 90% de gasolina a nivel nacional.
La primera duda que provoca este mandato es que, en menos de 14 meses, la gasolina de venta al público en el área metropolitana tendrá 5% de etanol. El cultivo de la caña de azúcar es una cosecha anual, por lo que esto significa que el etanol necesario para suplementar a la gasolina el próximo año tiene que sembrarse este año. Como ya los grandes ingenios tienen comprometida su producción de azúcar y las otras plantaciones disponibles están destinadas al ron y al seco, la conclusión es que el etanol va a ser importado. Es decir, a corto plazo no va a generar mucho más empleo en Panamá.
La segunda duda que presenta la propuesta de incorporación del etanol en la gasolina es una cuestión de transición tecnológica. Cada día aumenta el número de autos eléctricos en circulación en el país. Simultáneamente, la tecnología del hidrógeno empieza a ganar mercado como sustituto de los hidrocarburos. Sin un verdadero estudio económico de costo beneficio y de ventajas competitivas, apostar al etanol puede ser como apostar a las carreras de caballos cuando apareció el automóvil.
Perspectivas de otros biocombustibles
En materia de biodiésel, la Ley 355 es genérica. El principal mandato es asignado a la Secretaría de Energía para que básicamente estudie su uso y lo regule cuando sea apropiado. Sin calendario ni composición del biodiésel, el asunto parece postergado.
En cambio, en materia de producción de biogás, la Ley 355 concede importantes incentivos para la producción de energía o su cogeneración. El biogás se produce a partir del uso de residuos orgánicos de otros procesos productivos. Por ejemplo, el Programa de Saneamiento de la Bahía de Panamá produce biogás y cerro Patacón y los principales rellenos sanitarios del país podrían ser generadores de biogás. Así, también la industria avícola, los mataderos, la producción ganadera, las plantaciones de caña, los arrozales, cafetales o cualquier otro proceso productivo que genere residuos orgánicos. Aquí, la Ley 355 renueva el incentivo de la Ley 42 de 2011 y privilegia la compra de energía producida por biogás para el mercado ocasional y la favorece para la cogeneración eléctrica.
Mantener este incentivo es clave para salir de la crisis de la basura y promover una economía circular que transforme los residuos de una actividad en los insumos de otra.
Un país desactualizado
El uso del etanol como un aditivo de la gasolina puede disminuir el costo del combustible marginalmente, mejorar la calidad del aire y, si fuera producido en Panamá, podría aumentar el empleo y la generación de divisas en el país. Sin embargo, para una nación con una institucionalidad débil y un sector agropecuario fracturado, embarcarse en la producción de etanol es un negocio que requiere más que una ley, debido precisamente a la experiencia con Campos de Pesé, empresa que se dedicó a la producción de etanol en la década pasada y que, luego de un incidente de contaminación en el río La Villa, suspendió sus operaciones. Este ejemplo puede ayudar a que exista mucha desconfianza en el sector agroindustrial para dar ese salto hacia la producción de biocombustibles.
Panamá carece de una institución dedicada a la prospección tecnológica, industrial y económica, que sirva de mecanismo para la actualización periódica del sistema productivo del país. Las universidades públicas y privadas no están cumpliendo esta tarea. La limitada capacidad de planificación del Estado tampoco permite asimilar y facilitar las grandes oportunidades que Panamá podría capturar regularmente, si estuviese al tanto de las tendencias y cambios en las principales fronteras del conocimiento. En gran medida, el país depende de actores externos que promueven agendas propias o de coaliciones de intereses internos que inciden en la promoción de un nicho económico para su propia ventaja.
Hace varias décadas se debió alinear al país para la producción y exportación de biocombustibles. Aunque todavía puede ser un buen negocio, el escenario de cambios tecnológicos y de transiciones ambientales bien puede jugar en contra.
La Ley 355 es una ley de lo que debió ser la norma cuando un país hace su tarea. Ahora, a destiempo, es una asignatura pendiente de quienes ya deberían estar en otro paradigma.
