Siete diputados del Partido Revolucionario Democrático (PRD) en el Parlamento Centroamericano (Parlacen) expresaron su rechazo ante la eventual juramentación de Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, como diputados suplentes de ese organismo regional.
“Rechazamos categóricamente que el organismo sea utilizado o se le pretenda utilizar como herramienta de desviación judicial, y que las prerrogativas se utilicen para fines ajenos a las funciones meramente parlamentarias”, expresaron los diputados Juan Pablo García Farinoni, Amado Cerrud, Rubén De León, Gilberto Succari, Sandra Noriega, Dorindo Cortés y Omar Carrizo, en un pronunciamiento escrito que circuló este sábado -pero con fecha del viernes 24 de julio- el coordinador de la bancada perredista en el Parlacen, Amado Cerrud.
La reacción de los siete diputados surge ante la instrucción de la junta directiva del Parlacen, para que los hermanos Martinelli Linares -actualmente detenidos en Guatemala y en proceso de extradición a Estados Unidos- fueran juramentados en una sesión de la bancada.
“Es nuestro criterio oponernos a la juramentación de los señores Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, en un momento en que interviene la autoridad jurisdiccional, ya que no favorece la anhelada transparencia que debe tener, como perfil, el Parlamento Centroamericano, atendiendo que las correctas actuaciones de sus miembros sean dignas y honorables para el cargo de diputado centroamericano”, señala la nota de la bancada perredista.
Ricardo Alberto y Luis Enrique pidieron ser juramentados en una nota fechada el 10 de julio, cuatro días después de ser capturados en el aeropuerto La Aurora de Guatemala, donde está -precisamente- la sede del Parlacen. Desde entonces, están detenidos en la prisión militar Mariscal Zavala, a la espera de ser extraditados a Estados Unidos, donde enfrentarán cargos por presunta conspiración para lavar dinero ligado a Odebrecht.
Los diputados del Parlacen deben ser juramentados por el presidente del organismo, en una sesión plenaria, luego de obtener el “dictamen favorable” de la “comisión extraordinaria de credenciales”. Pero la juramentación de Ricardo Alberto y Luis Enrique -según la instrucción dada por la junta directiva- se haría conforme al artículo 19 del Reglamento Interno del Parlacen, que en su tercer párrafo señala: “Como casos de excepción, la juramentación de los diputados suplentes pueden ser realizadas por los integrantes de junta directiva del Estado respectivo, en sesión de bancada nacional, debiendo elaborarse el acta administrativa correspondiente, la cual debe ser remitida de manera inmediata al presidente del Parlacen”.
En las elecciones de mayo de 2019, Ricardo Alberto y Luis Enrique resultaron escogidos como suplentes de los diputados principales Carlos Outten y Héctor Abdiel Valderrama, de los partidos Cambio Democrático (CD) y Alianza, respectivamente.
Panamá cuenta con 20 diputados en dicho foro regional: 7 pertenecen al Partido Revolucionario Democrático; 7 son de CD; 2 del Partido Panameñista; 1 pertenece al Movimiento Liberal Republicano Nacionalista (Molirena); 1 es del partido Alianza; 1 del Partido Popular (PP), y 1 es independiente (integrante de la nómina de Ana Matilde Gómez, excandidata presidencial independiente).
El independiente es Manuel Castillero y ya manifestó que no participará en ninguna sesión que tenga como propósito juramentar a los Martinelli Linares, porque esta acción, según él, “debilitaría aún más la credibilidad y la imagen de este parlamento, que ha sido fuertemente cuestionado y que es necesaria para lograr los más altos y nobles objetivos que nos dan origen de servir de foro de deliberación y propuesta”.
El proceso de extradición de los dos hermanos está de momento paralizado, ya que el Organismo Judicial de Guatemala ordenó el cierre temporal de los tribunales, ante el creciente número de casos de coronavirus en sus instalaciones.
El Departamento de Justicia estadounidense reclama a los hermanos Martinelli Linares por presuntamente participar como “intermediarios” en la recepción y pagos de sobornos por $28 millones, “bajo la dirección de Odebrecht”. Los pagos habrían beneficiado a un funcionario panameño, cuyo nombre no ha sido anotado en los documentos divulgados hasta ahora (la mayoría se encuentran sellados, por orden del juez federal Robert Levy). No obstante, ese funcionario es descrito como “un oficial con un altísimo cargo en el gobierno panameño entre 2009 y 2014, periodo que corresponde al mandato presidencial de Martinelli Berrocal, y, además, “familiar cercano” de los dos acusados.
Según la queja criminal que el Federal Bureau of Investigation (FBI) presentó al juez Levy, los pagos habrían ocurrido entre agosto de 2009 y septiembre de 2015, y se habrían canalizado a través del manejo de cuentas bancarias “secretas”, a nombre de sociedades fantasma o shell companies, en Bahamas o Islas Vírgenes Británicas. Estas transacciones fueron realizadas, “a sabiendas de que representaban el producto de alguna actividad ilegal” y con intención de ocultar su naturaleza, fuente y beneficiario.
