Adolfo Mejía, Wilfredo Sáenz, Secundino Mendieta, María De Lourdes Estrada y Luis Mario Carrasco son los magistrados que componen el Segundo Tribunal Superior Penal, con competencia en el Primer Distrito Judicial, formado por las provincias de Panamá, Colón, Darién, y por la comarca Guna Yala. ¿Quiénes son? ¿Cuáles han sido su actuaciones?
Adolfo Mejía fue nombrado en septiembre de 2012. Antes fue juez tercero penal y en esa instancia sobreseyó a la exdirectora de Migración María Cristina González en un proceso por la supuesta tramitación irregular de visas. También, absolvió a la exdirectora de Titulación de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras Anabelle Villamonte, señalada por presuntamente adjudicar tierras de manera ilícita en Juan Hombrón, provincia de Coclé.
Ya en el cargo de magistrado, dio una fianza de $500 mil a Marco Albán Crespo, representante en Panamá de Hidalgo & Hidalgo, empresa vinculada con el escándalo del fallido proyecto de riego de Tonosí.
En tanto, Wilfredo Sáenz y Secundino Mendieta estuvieron a cargo del fallo del caso Juan Hombrón, que negó la apelación del Ministerio Público y ratificó la
liberación de Villamonte.
Sáenz, nombrado en enero de 1996; y Mendieta, en agosto de 2012, fueron denunciados en la Asamblea Nacional por el exjuez Alexis Ballesteros, debido a supuestas presiones para fallar a favor de allegados del expresidente Ricardo Martinelli. Esta denuncia fue archivada.
Mientras tanto, María De Lourdes Estrada ejerce como magistrada desde agosto de 2012. Antes se desempeñó como jueza segunda de lo penal.
Por su despacho ha pasado el proceso del incendio en el Centro de Cumplimiento de Tocumen, del 9 de enero de 2011. También se encuentra en la terna de magistrados que tendrá que resolver el fallo por los envenenamientos masivos con dietilenglicol. En esta decisión también tienen que participar Carrasco y Mejía.
Carrasco, quien fue nombrado en el Tribunal en julio de 1998 y además es suplente del magistrado de la Corte Suprema de Justicia Jerónimo Mejía, le correspondió leer el fallo del 21 de diciembre de 2015, que ordenó la detención provisional de Martinelli, para ser investigado por la supuesta comisión de delitos contra la inviolabilidad del secreto y el derecho a la intimidad.