"Estar a la altura de las exigencias del siglo XXI para modernizar la plataforma académica y administrativa del primer centro de estudios superiores del país" es –según alegan las autoridades de la Universidad de Panamá (UP)– el motivo de la rápida aprobación, en medio de la tormenta del Seguro Social, de la nueva ley universitaria.
Y a pesar de que la propuesta impulsada por el actual rector de la UP, Gustavo García de Paredes, concitó fuertes objeciones por parte de algunos conocidos catedráticos universitarios, como Aura Emérita Guerra de Villalaz y Miguel Antonio Bernal, el proyecto tuvo paso expedito en la Asamblea y, en estos momentos, solo espera la sanción del presidente, Martín Torrijos y su posterior publicación en la Gaceta Oficial.
Las principales objeciones al proyecto eran que se desaprovechaba la oportunidad para aprobar una ley marco que regulara todas las universidades y que permitía la reelección de las actuales autoridades, con García de Paredes a la cabeza.
Novedades
De acuerdo con Miguel Candanedo, secretario general de la UP, entre las novedades de la norma está "la descentralización y la creación de nuevos órganos de gobierno, que permitirán un funcionamiento más eficiente".
"Gran parte de los asuntos que discutía el Consejo Académico pasan ahora a ser atribuciones de los Consejos de Facultades y de los Consejos de los Centros Regionales", explicó Candanedo.
El funcionario universitario agregó que, además de las actuales tres funciones de la UP –docencia, investigación y extensión–, la norma incorpora la prestación de servicios y la producción.
Candanedo asegura que esto hará posible que la universidad incursione en actividades productivas y en la prestación de servicios al Estado y a la sociedad, generando recursos para la institución.
"La universidad está en la capacidad de prestar asesoría al Estado y a la sociedad en diversos temas e incursionar en la producción de medicamentos a costos más bajos y con la calidad que se requiere", aseguró Candanedo.
En este mismo capítulo, el universitario mencionó los servicios médicos que pueden brindar a la comunidad las clínicas de odontología y medicina general, al igual que el hospital veterinario de las respectivas facultades.
Por último, Candanedo comentó que esta norma –que catalogó como "de principios generales"– permite realizar los cambios que requieran las transformaciones del mundo y de la sociedad panameña, sin tener que ir a la Asamblea. "La norma anterior no era lo suficientemente flexible para realizar un proceso continuo de desarrollo y modernización", aseguró.
Por su parte, el decano de la Facultad de Derecho, Rolando Murgas, comentó que ahora es necesario la aprobación de una ley marco que rija todas las universidades del país. "Pero ponerse de acuerdo es un proceso muy difícil", agregó.
"Se necesitaba actualizar la ley vigente y adecuarla a los cambios que se están dando en el mundo. No se podía esperar que todas las universidades se pusieran de acuerdo", añadió.
En este sentido, el jurista in formó que se está elaborando una propuesta con las universidades y el Ministerio de Educación, para regular el proceso de acreditación y certificación de las carreras que se dictan en las diferentes universidades del país, de manera que se garantice la calidad de la enseñanza superior.
Otro académico, el profesor de Derecho Civil Ulises Pittí, comentó que la modernización y actualización de la UP no es un problema normativo, ya que con la antigua ley se establecía el cumplimiento de ese objetivo.
"Para lograr un verdadero cambio, debe haber voluntad de todos los sectores universitarios. La universidad ha dado pasos importantes para su modernización, pero lo ha hecho de forma muy lenta", apuntó.
CRONOLOGÍA DE UNA LEY
