El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) propuso elevar a un millón de dólares el tope para autorizar directamente traslados de partidas sin necesidad de llevarlos ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, según lo contempla el proyecto de presupuesto para el año 2026.
Se trata de un monto mucho mayor al establecido en el proyecto de presupuesto de 2025, que ascendía a 300 mil dólares. A simple vista, la medida intenta agilizar los procesos y reducir la carga legislativa en la aprobación de reasignaciones internas de fondos, al tiempo que otorga mayor margen de maniobra al Ejecutivo en la gestión del gasto.
Según el documento presentado por el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, cuando las solicitudes de traslado de las entidades públicas no superen los 100 mil dólares, el MEF podrá evaluarlas, tramitarlas y autorizarlas, siempre que se remitan a la Comisión dentro de los primeros veinte días del mes, solo para su conocimiento.
En los casos en que los montos oscilen entre 100 mil y un millón de dólares, también será el MEF quien decida si da curso o no a la solicitud, tras verificar la disponibilidad de fondos no comprometidos. Esta información deberá enviarse a la Comisión de Presupuesto dentro de los primeros quince días del mes, también solo para su conocimiento.
Ninguna institución podrá solicitar nuevos traslados si no ha remitido el informe correspondiente sobre los anteriores. La Comisión de Presupuesto mantiene la facultad de citar a los funcionarios responsables cuando lo considere necesario.
En situaciones de emergencia nacional declarada por el Consejo de Gabinete, el Ejecutivo podrá autorizar traslados de hasta dos millones de dólares, a través del MEF, para atender la crisis. En este caso, se trata de un monto similar al establecido en el presupuesto de 2025.
Las razones
Consultado al respecto, el viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó que el aumento en el tope de los traslados de partidas presupuestarias responde a la necesidad de agilizar la ejecución financiera del Estado.
Según detalló, el nuevo límite propuesto —que pasa de 300 mil a un millón de dólares— busca reducir la carga operativa que implica someter cada modificación presupuestaria a la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional. “Se vuelve algo muy engorroso”, dijo, al referirse a los retrasos generados por la programación de sesiones y la espera de la aprobación legislativa.
El viceministro de Finanzas, Fausto Fernández, explicó las razones para el aumento en el tope de los traslados de partidas presupuestarias. https://t.co/oZRXYW7qoq pic.twitter.com/PhXKdVfSVD
— La Prensa Panamá (@prensacom) August 8, 2025
Durante el último año, el Ejecutivo enfrentó complicaciones por tener que llevar múltiples solicitudes menores a la Asamblea, lo que Fernández calificó como “demasiado intrusivo” para la dinámica administrativa del gobierno.
A su juicio, el exceso de intermediación legislativa dificulta responder a situaciones urgentes, como necesidades operativas de las instituciones o eventos imprevistos. Por eso, señaló, la propuesta eleva el umbral para permitir una mayor fluidez en las finanzas públicas.
Aunque la medida fue sugerida por el Ministerio de Economía y Finanzas, su implementación no depende únicamente del Ejecutivo. Fernández aclaró que el nuevo límite debe quedar establecido por ley a través del proyecto de presupuesto anual. “Eso está en la ley; tiene que pasar la ley de presupuestos para poder terminar con ese límite”, indicó el viceministro, subrayando que el cambio requiere aprobación legislativa.
Más controles
El diputado independiente Betserai Richards, miembro de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, expresó su preocupación ante la propuesta del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) de elevar a un millón de dólares el tope para autorizar traslados de partidas sin necesidad de llevarlos al escrutinio legislativo.
Recordó que la ley de presupuesto de 2025 ya obligaba al MEF a enviar informes sobre traslados menores a 300 mil dólares, pero —según dijo— nunca recibieron esa documentación. “Cuando entremos en la discusión, trataremos el tema”, advirtió.
Richards señaló que, con el límite vigente de 300 mil dólares, lograron frenar traslados por 400 mil y 500 mil dólares destinados a alquileres y compras que, en su criterio, carecían de justificación.
Por ello, cuestionó que se pretenda flexibilizar aún más los controles y sostuvo que lo que el país necesita es mayor rigurosidad en el manejo de los fondos públicos. “Yo esperaría que, más que flexibilizar, hay que ser más rigurosos”, concluyó.
Durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), el tope que obligaba a llevar los traslados de partidas ante la Comisión de Presupuesto no fue uniforme: en algunos años se exigía que superaran los $200 mil; en otros, los $300 mil. Ya en las administraciones de Juan Carlos Varela (2014-2019) y Ricardo Martinelli (2009-2014), las leyes de presupuesto fijaban en $300 mil el umbral a partir del cual se requería la aprobación del legislativo.
